La Fundación Ideas para la Paz (FIP) encendió las alertas frente al proyecto de ley de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales, presentado por el Gobierno Nacional el pasado 20 de julio en el marco de la política de Paz Total. Según la entidad, la iniciativa enfrenta serios riesgos de aplicabilidad, posibles falencias constitucionales y un alcance limitado en materia de seguridad.

El debate se llevó a cabo este lunes en el Salón Elíptico del Congreso, durante la sesión de la Comisión Primera de la Cámara, que ha adelantado discusiones previas en Tumaco y Medellín. En la jornada participaron comunidades, víctimas y organizaciones sociales, que expusieron sus posiciones frente a la propuesta legislativa.

El viceministro de Justicia, Yefferson Dueñas, explicó que el proyecto no busca impunidad, sino establecer sanciones diferenciadas en las que las víctimas sigan siendo el eje central. “No se tratará de equiparar delitos de alto impacto con un tratamiento penal diferenciado, sino que habrá penas, pero sin impunidad”, sostuvo.

Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, señaló que la norma debe nutrirse de los aportes de la justicia ordinaria, la jurisdicción indígena y los instrumentos legales que puedan aportar a la resolución de conflictos.

En apoyo a la iniciativa, Dorys Mazo, representante de la Asociación Mixta de Mujeres Rurales Víctimas Empoderadas, afirmó que el proyecto ha permitido reducir la violencia en algunos territorios y abrir la posibilidad de que grupos armados dejen las armas.

Las tres alertas de la FIP

Andrés Preciado, director de Seguridad y Conflicto de la FIP, expuso tres riesgos principales de la propuesta.

1. Beneficiarios poco definidos: la fundación considera insuficiente la división entre actores “políticos y no políticos”, pues el crimen organizado actual está fragmentado en múltiples estructuras sin cohesión nacional. Según la FIP, la mayoría de estos grupos no pretende someterse a penas de cárcel, sino obtener amnistías amplias.

2. Riesgos constitucionales: el proyecto mezcla elementos de justicia transicional con justicia ordinaria, lo que podría derivar en vicios de procedimiento. La FIP recordó que el Artículo Transitorio 66 de la Constitución prohíbe que firmantes de acuerdos de paz anteriores accedan a nuevos beneficios, lo que dejaría por fuera a jefes de disidencias y del Clan del Golfo. Además, el Acto Legislativo 02 de 2019 impide considerar el secuestro y el narcotráfico como delitos políticos, lo que limita cualquier posibilidad de indulto o amnistía.

3. Aplicabilidad limitada: de aprobarse, la norma tendría un impacto reducido y focalizado, en contraste con los beneficios otorgados. Para la FIP, su alcance real sería restringido y no lograría transformar de manera significativa la seguridad en el país.

La fundación concluyó que la política de Paz Total atraviesa una “crisis irremediable” y que avanzar con un proyecto inviable podría desprestigiar futuras salidas negociadas al conflicto. “La Paz Total como apuesta se agotó”, sentenció Preciado, advirtiendo que el Congreso no debería contribuir a un escenario de descrédito institucional.

Finalmente, el coordinador ponente del proyecto, el representante Alirio Uribe, defendió la iniciativa y reiteró que el esfuerzo legislativo busca desmantelar estructuras criminales y mejorar la situación humanitaria en las regiones más golpeadas por la violencia.