La elección del nuevo magistrado que reemplazará a José Fernando Reyes en la Corte Constitucional centra la atención política y judicial del país esta semana. Frente a este proceso, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, fijó su posición y advirtió sobre la importancia de que el Senado actúe con responsabilidad, garantizando independencia, autonomía e imparcialidad en la designación.

Según Marín, la decisión no debe reducirse a si los candidatos son afines o contrarios al Gobierno. “Una decisión judicial no es buena o mala por apoyar o negar una posición del gobierno. Su legitimidad está en la argumentación jurídica”, señaló. La funcionaria recalcó que la independencia judicial debe protegerse tanto desde los sectores políticos y sociales, como desde la propia magistratura, evitando presiones o posibles conflictos de interés.

La Defensora recordó que, como lo ha expresado el Comité de Derechos Humanos de la ONU, los jueces deben declararse impedidos cuando exista un conflicto de intereses y ejercer su cargo con “ingratitud frente a su elector”, es decir, sin compromisos con quienes los eligen.

Marín también alertó sobre la necesidad de fortalecer la diversidad y la paridad en las altas cortes. Subrayó que en los últimos procesos de elección se ha reducido la presencia de mujeres, pese a que varias candidatas han demostrado experiencia y capacidades. En el caso de la Corte Constitucional, si se elige un hombre, la participación femenina retrocedería al 33%, alejándose del avance hacia la paridad que se había logrado en años recientes.

“La representación de afrodescendientes e indígenas sigue siendo baja o inexistente, especialmente en el caso de las mujeres”, indicó. Por ello, hizo un llamado a que el proceso no solo respete la independencia judicial, sino que también promueva la diversidad regional y étnica del país.

La funcionaria cuestionó la polarización que rodea la discusión en el Congreso y advirtió que algunos sectores parecen exigir que el elegido no solo sea independiente del Gobierno, sino que además adopte una postura sistemáticamente contraria a él. “Eso también desdibuja la independencia judicial”, afirmó.

En su declaración, Marín expresó preocupación por la forma en que los cuestionamientos serios a algunos candidatos y las trayectorias sólidas de otros podrían no tener el peso suficiente en la decisión final del Senado. “Ojalá me equivoque, pero si la elección no se orienta a garantizar independencia, autonomía e imparcialidad, así como paridad, quien perderá será nuestra democracia”, concluyó.

La votación en el Senado definirá no solo el nuevo integrante de la Corte Constitucional, sino también el equilibrio en una corporación clave para el control constitucional y la defensa de los derechos fundamentales en Colombia.