En la apertura de la VII Cumbre de Movilidad Humana y Trata de Personas: Nuevos Retos Migratorios, la Defensora del Pueblo de Colombia y coordinadora de la Red de Movilidad Humana y Trata, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado a los Estados iberoamericanos a fortalecer la protección de los derechos de personas migrantes, refugiadas, desplazadas y apátridas en la región.

Marín Ortiz enfatizó la necesidad de respetar el principio de solidaridad regional e internacional y de construir respuestas “integrales, humanas y acogedoras” frente a los crecientes flujos migratorios. Recalcó que es urgente poner fin a las expulsiones masivas, en especial las que provienen del norte del continente, pues incrementan la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan pobreza, violencia y persecución.

“Instamos a que se respeten la dignidad y los derechos humanos de todas las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio”, señaló la funcionaria, recordando que la región debe inspirarse en los principios de la Declaración de Cartagena de 1984 y sus desarrollos posteriores.

Riesgos en aumento

La Defensora advirtió que la migración irregular, los retornos forzados y el impacto del cambio climático aumentan los riesgos de trata de personas y explotación, en particular de mujeres, niñas, niños, adolescentes, comunidades indígenas, afrodescendientes, personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad.

En este sentido, solicitó a los gobiernos adoptar medidas integrales para prevenir la trata como una forma de violencia de género y fortalecer las políticas públicas con un enfoque interseccional.

Recomendaciones a los Estados

Entre los puntos planteados por la Defensora del Pueblo se encuentran:

* Actualizar la legislación sobre desplazamiento interno y reasentamiento frente a desastres climáticos.
* Fortalecer las capacidades institucionales de protección en contextos de movilidad.
* Implementar programas sociales y económicos en comunidades receptoras que generen oportunidades de ingresos propios.
* Prevenir la discriminación, el racismo y la xenofobia contra personas migrantes, además de combatir la criminalización que enfrentan en algunos países.

Marín Ortiz también subrayó la importancia de que el sector privado y la sociedad civil reconozcan su rol en la lucha contra la discriminación. Asimismo, pidió a los medios de comunicación promover información independiente y objetiva, que contribuya a transformar la narrativa sobre la migración en la región.

Finalmente, la Defensora destacó que la Red de Movilidad Humana y Trata trabajará en la documentación de vacíos y riesgos, y en la búsqueda de personas desaparecidas en contextos de movilidad. Además, reafirmó los compromisos asumidos en el marco del proceso Cartagena+40, el Plan de Acción de Chile 2024-2034 y la Revisión Regional del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

“Necesitamos respuestas colectivas, coordinadas y humanas. La migración no puede seguir tratándose como un problema aislado, sino como una realidad que exige responsabilidad compartida”, concluyó la Defensora.