La Corte Constitucional admitió una demanda que cuestiona la legalidad del memorando de entendimiento firmado entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para la creación de una zona binacional. La acción judicial fue interpuesta por el ciudadano David Jacobo Gómez, quien sostiene que este instrumento constituye en realidad un tratado internacional, y por tanto debía contar con la aprobación del Congreso de la República y estar sometido a control previo de constitucionalidad.

De acuerdo con Gómez, el proceso de negociación e implementación del memorando no cumplió con dichos requisitos, lo que, a su juicio, vulnera las normas constitucionales. Ante este argumento, la Corte decidió admitir la demanda y ordenó la práctica de pruebas para esclarecer las condiciones en las que se llevó a cabo el acuerdo bilateral.

 La investigación de la Corte

El alto tribunal busca determinar si el memorando suscrito por los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro eludió los controles de validez exigidos en Colombia para instrumentos internacionales de esta naturaleza. Como parte del estudio, la Corte considerará la posibilidad de decretar una suspensión provisional del acuerdo, lo que representaría un freno temporal a su implementación mientras se adelanta el proceso judicial.

La admisión del caso abre un nuevo escenario de debate sobre los alcances del memorando, que fue presentado públicamente como una hoja de ruta para dinamizar la cooperación en zonas de frontera y promover la transformación productiva de regiones históricamente afectadas por el conflicto y la exclusión, como el Catatumbo.

La posición del Gobierno colombiano

En declaraciones anteriores, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, explicó que el documento firmado entre Bogotá y Caracas “no constituye una excepción al marco institucional colombiano”, sino una guía de trabajo conjunto enmarcada dentro de la legalidad vigente.

Morales aseguró que el memorando fue diseñado con pleno respeto a la Constitución, y recordó que en su artículo tercero se establece expresamente que el proceso “no transgrede la soberanía nacional ni el ordenamiento territorial colombiano”. La funcionaria insistió en que el objetivo central del acuerdo es impulsar proyectos de integración que beneficien a comunidades fronterizas, en especial en sectores productivos y sociales.

Un debate con implicaciones regionales

La admisión de la demanda por parte de la Corte Constitucional podría tener repercusiones en las relaciones entre Colombia y Venezuela, que desde 2022 han avanzado en un proceso de restablecimiento diplomático y comercial. La zona binacional había sido presentada como un paso clave para consolidar esa normalización y atender problemas históricos de la frontera, como el contrabando, la informalidad económica y la débil presencia institucional.

El estudio que ahora emprende la Corte definirá si el memorando puede mantenerse en vigor como un simple acuerdo de cooperación o si, por el contrario, debía someterse a los controles propios de un tratado internacional. En caso de que prospere la tesis del demandante, el memorando quedaría sin validez y sería necesario un trámite legislativo y judicial adicional para su aprobación.

Por el momento, el proceso avanza en etapa preliminar, con la práctica de pruebas que permitan esclarecer el alcance real del instrumento bilateral.