El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio un giro trascendental en la investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada concluyeron que hubo violación de topes de gastos y la entrada de recursos irregulares, hallazgos que podrían derivar en sanciones administrativas contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña, así como contra otros directivos y partidos políticos.

La investigación, que se extendió por más de dos años, estableció que la campaña presidencial superó los límites legales de financiación en más de 3.500 millones de pesos, sumando la primera y segunda vuelta electoral. Según conoció Caracol Radio, Ortiz y Prada radicarán en las próximas horas un proyecto de resolución de aproximadamente 600 páginas, en el que se plantean sanciones a Roa, a integrantes de la gerencia de campaña y a las colectividades Colombia Humana y Unión Patriótica.

Una decisión sin precedentes en Colombia

De acogerse la ponencia, sería la primera vez que una investigación de esta naturaleza contra la campaña de un presidente en ejercicio llega a la fase de decisión en Sala Plena. En casos anteriores, los procesos iniciados contra mandatarios en funciones terminaron archivados en etapas preliminares.

El superávit de gastos y el ingreso de dineros no reportados se configuran como faltas sancionables en materia electoral, lo que abriría la puerta a sanciones económicas y administrativas. Sin embargo, la decisión final dependerá del debate que se lleve a cabo en la Sala Plena del CNE.

Equilibrio en el tribunal electoral

La definición del caso enfrenta un panorama dividido. Actualmente, el tribunal cuenta con nueve magistrados. El bloque que apoya la ponencia lo integran Ortiz y Prada, junto con Maritza Martínez, Álvaro Campo y Cristian Quiroz. En el otro sector se encuentran Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Altus Baquero, este último liberal cercano al Pacto Histórico.

La magistrada Alba Velásquez no podrá participar en la votación, tras prosperar en su contra dos recusaciones por haber actuado como testigo electoral de la campaña de Petro en ambas vueltas. Esto obligará a la designación de conjueces, ya que por ley se requieren al menos seis votos para adoptar decisiones de fondo.

Lo que viene para la investigación

Con la ponencia ya radicada, el país estará a la expectativa de la discusión en el pleno del Consejo Nacional Electoral. El proceso enfrenta además un límite temporal: la facultad sancionatoria del CNE está próxima a caducar, lo que imprime mayor presión sobre los tiempos de decisión.

La posible sanción administrativa a Ricardo Roa y a los partidos que avalaron la candidatura presidencial de Petro marcaría un precedente en materia de control electoral en Colombia. El debate sobre la financiación política y la transparencia en las campañas, que ya ha estado en el centro de la agenda pública, se intensifica con este avance judicial.

Mientras tanto, el desarrollo de la votación en el tribunal electoral será clave para determinar si las conclusiones de los magistrados investigadores se convierten en una decisión firme o si el caso sigue el mismo camino de anteriores investigaciones que nunca pasaron de su apertura.

Con información de Caracol Radio*