Una investigación de Noticias Caracol dejó en evidencia la existencia de una red internacional de reclutamiento de exmilitares y civiles colombianos para combatir en la guerra civil de Sudán. En el centro de este entramado aparece el nombre del excoronel del Ejército Álvaro Quijano, quien, junto a su esposa Claudia Olivares, habría construido un negocio que hoy mantiene a cientos de connacionales en uno de los conflictos más sangrientos del continente africano.

Quijano, retirado de las Fuerzas Militares hace más de una década, fundó inicialmente una empresa para enviar personal de seguridad a Emiratos Árabes Unidos. Con el tiempo, esa actividad derivó en una operación mucho más oscura: el traslado de colombianos hacia escenarios de guerra, bajo promesas de empleos en el sector petrolero o en labores de vigilancia.

Los testimonios recogidos aseguran que al llegar al destino real, los hombres son enviados a Sudán, donde terminan combatiendo al servicio de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que desde 2023 se enfrenta al régimen militar sudanés.

Una operación bajo la sombra

La investigación periodística señala que Quijano y Olivares trabajan de la mano con Global Security Services Group, una compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos que funge como contratista. Los pagos, en cambio, se triangulan a través de Global Staffing, registrada en Panamá y también vinculada al excoronel. Este mecanismo busca borrar cualquier rastro de la conexión con los Emiratos y con Colombia.

Para evitar la atención de las autoridades, las convocatorias ya no se realizan en oficinas formales, sino en hoteles y apartamentos de alquiler en Bogotá, donde los reclutas reciben información parcial o engañosa antes de viajar.

De acuerdo con Dante Hincapié, sargento retirado y experto en seguridad, los colombianos reclutados son convencidos con promesas de salarios entre 1.500 y 3.000 dólares mensuales. Sin embargo, una vez en el terreno, muchos no reciben el dinero acordado y son obligados a permanecer en combate, incluso bajo la amenaza de represalias contra sus familias en Colombia.

“Los llevan prácticamente de carnada. Algunos terminan sin salario, sin posibilidad de regresar y en un país devastado por la guerra”, advirtió Hincapié.

No existen estadísticas oficiales, pero se calcula que entre 300 y 2.000 colombianos estarían actualmente en Sudán. Según sobrevivientes, al menos 20 han muerto en enfrentamientos y sus cuerpos permanecen almacenados sin poder ser repatriados.

El negocio, mientras tanto, resulta lucrativo para quienes lo dirigen: los intermediarios reciben cerca de 1.500 dólares mensuales por cada hombre enviado al frente de batalla.

Presuntos vínculos con el narcotráfico

Álvaro Quijano ya había sido investigado en Colombia por presuntos vínculos con el Cartel del Norte del Valle, aunque en su momento no hubo condena en firme. Hoy, su nombre vuelve a salir a la luz, esta vez ligado a un esquema que mezcla contratación privada de seguridad, engaños laborales y participación directa en un conflicto armado internacional.

La revelación de su presunto rol en esta red abre un debate urgente sobre los vacíos en la protección a exmilitares colombianos y el alcance legal que podrían tener estos reclutamientos, mientras familias en el país esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos en Sudán.