Un nuevo documento, revelado por la Alcaldía de Medellín y difundido por Semana, ha desatado un escándalo nacional en torno al atentado que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El reporte indica que la Fiscalía habría recibido información clave sobre un plan para asesinar al dirigente político casi dos semanas antes del ataque ocurrido el 7 de junio en Bogotá.

Según el documento, la advertencia llegó el 26 de mayo de 2025 a través de un fiscal de crimen organizado que se entrevistó con un privado de la libertad “de alto perfil”, presuntamente recluido en la cárcel de Itagüí, Antioquia. El testigo reveló detalles de la estrategia criminal contra Uribe Turbay y mencionó a otras figuras públicas en riesgo.

La información entregada a la Fiscalía incluía un listado de dirigentes que podrían ser blanco de atentados: el expresidente Álvaro Uribe, las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, el senador Jota Pe Hernández, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la concejala Claudia Carrasquilla y el abogado Abelardo de la Espriella.

Pese a la gravedad de la advertencia, no se registraron refuerzos en los esquemas de seguridad. El ataque se concretó el 7 de junio, cuando un menor de edad disparó contra Miguel Uribe Turbay durante un mitin en el barrio Modelia, en Bogotá.

Tras un consejo de seguridad, la Alcaldía de Medellín señaló que varias seccionales de la Fiscalía tuvieron conocimiento del plan, pero solo retomaron contacto con la fuente después del atentado.

“La omisión fue determinante y terminó con la vida de un senador de la República. De haberse informado oportunamente, se habrían tomado medidas adicionales de protección”, afirmó la concejal Claudia Carrasquilla, quien exigió la renuncia de la directora de fiscalías en Antioquia.

La Fiscalía General negó tener registro de la advertencia en los términos señalados por la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, reconoció que en Córdoba recibió información de un interno sobre posibles amenazas contra el expresidente Álvaro Uribe. En ese caso, según la entidad, se activó una alerta con el Ejército.

Las investigaciones de inteligencia apuntan a la Segunda Marquetalia, grupo disidente liderado por Iván Márquez, como presunta responsable del crimen. De acuerdo con los reportes, la organización habría pagado millones de dólares para ejecutar el atentado, utilizando a un menor de edad como sicario, una práctica similar a la empleada en otros magnicidios.

La revelación ha generado cuestionamientos sobre el manejo de la información por parte de la Fiscalía. Para autoridades locales, la falta de reacción pudo haber cambiado el curso de los hechos y evitado la muerte del senador y precandidato presidencial.