Crece la controversia por la supuesta intervención de la Embajada de Colombia en Nicaragua para renovar la residencia de Carlos Ramón González, implicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD. El Gobierno lo niega y Cancillería abre investigación interna.

La posible participación de la Embajada de Colombia en Nicaragua en la renovación del permiso de residencia de Carlos Ramón González, señalado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), desató una nueva controversia política en el país.

Carlos Ramón González se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024, cuando ya enfrentaba un proceso judicial en etapa de indagación. El 16 de diciembre de ese mismo año obtuvo una cédula de residencia válida hasta el 14 de junio de 2025.

En enero de 2025, tras la renuncia del embajador León Fredy Muñoz, la sede diplomática quedó a cargo de Óscar Muñoz como encargado de negocios. Para esa fecha, ya se había radicado una primera solicitud para la residencia de González en territorio nicaragüense.

La gestión que desató la controversia

El 21 de mayo de 2025, día en que la Fiscalía imputó a González por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, la Embajada de Colombia en Nicaragua envió una nota verbal a la Cancillería nicaragüense solicitando apoyo para renovar su residencia.
En el documento, la misión diplomática expresó:
“Solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que esta misma está para vencer el próximo 14 de junio de 2025”.

Reacciones del Gobierno

El presidente Gustavo Petro rechazó que él o su canciller hayan impartido instrucciones para gestionar beneficios migratorios a favor de González. En la misma línea, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, aseguró:
“No ha habido ni hubo ninguna instrucción desde Cancillería para solicitar ninguna renovación para este ciudadano colombiano en Nicaragua”.

La Cancillería remitió el caso a la Oficina de Control Disciplinario Interno con el fin de establecer responsabilidades. Según la normativa diplomática, los embajadores y funcionarios de misiones en el exterior no pueden intervenir en trámites particulares que beneficien a ciudadanos específicos, especialmente si se trata de personas con procesos judiciales en curso.