La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez radicó el 13 de agosto ante el Tribunal Superior de Bogotá un recurso de apelación contra la condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal, dictada el pasado 1 de agosto por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de la capital.

El documento, de 904 páginas y firmado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, pide la revocatoria total del fallo, alegando que la jueza incurrió en “errores de hecho y de derecho” que afectarían la validez del proceso.

En su escrito, la defensa propone tres escenarios alternativos para que el Tribunal revoque la decisión:

1. Nulidad desde la audiencia de formulación de acusación. Con esta opción, todo lo actuado a partir de esa etapa procesal quedaría sin efecto, obligando a retrotraer el proceso a un punto inicial.

2. Nulidad desde la audiencia de lectura del fallo. Este escenario permitiría conservar las etapas previas, pero anularía la sentencia y reabriría el análisis judicial desde el momento en que se conoció el veredicto.

3. Absolución del expresidente. Como alternativa final, la defensa solicita que el Tribunal absuelva a Uribe de todos los cargos, argumentando que las pruebas no demuestran su responsabilidad penal.

En cualquiera de estos caminos, los abogados insisten en que la libertad del exmandatario debe ser restablecida de manera inmediata, incluso mientras la apelación sigue su curso, calificando la orden de prisión domiciliaria como una medida innecesaria y equivocada.

Contexto de la condena

La jueza de primera instancia concluyó que Uribe dio instrucciones directas a su abogado Diego Javier Cadena para ofrecer beneficios económicos y asesorías jurídicas a exparamilitares, con el fin de que se retractaran de declaraciones en su contra y acusaran al senador Iván Cepeda de orquestar un plan judicial en su perjuicio.

El caso inició en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación por presunta manipulación de testigos. Cadena, figura clave en los hechos, conocerá su propia sentencia el próximo 15 de agosto.

La Procuraduría General también solicitó que se anule el fallo condenatorio, asegurando que las pruebas no acreditan que Uribe haya sido “determinador” de las conductas imputadas, una postura que podría reforzar la posición de la defensa en la revisión de segunda instancia.

El Tribunal Superior de Bogotá evaluará de forma integral los fundamentos jurídicos y la valoración probatoria del fallo. La decisión final podrá confirmar, modificar o revocar la condena, y será determinante para definir si el expresidente mantiene su medida de prisión domiciliaria o recupera la libertad mientras avanza el proceso.