El gasto directo de los pacientes colombianos en servicios de salud registró $14,5 billones durante 2024, cifra que representa un incremento de 1,4% respecto al año anterior, de acuerdo con un estudio divulgado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). Esta tendencia alcista coincide con la implementación parcial de la reforma de salud mediante decreto gubernamental.

Hace dos semanas, el Ministerio de Salud puso en marcha elementos centrales de la reforma al sistema mediante decreto, mientras continúan los debates del proyecto de ley en el Congreso. Entre las medidas implementadas se encuentran las Redes Integrales e Integradas Territoriales en Salud, el modelo de atención preventiva y el fortalecimiento del primer nivel de atención, todas con alcance nacional.

El análisis de Anif reveló que el gasto de bolsillo representó 16,8% del gasto corriente de las familias en 2024, registrando un incremento de 4,6 puntos porcentuales comparado con 2021. Esta cifra se aproxima peligrosamente al umbral establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 20%, nivel considerado de alto riesgo financiero para los hogares.

Según la OMS, cuando el gasto directo de las familias en salud supera el 20%, existe alta probabilidad de que caigan en situación de pobreza debido a los costos médicos no cubiertos por el sistema de protección social.

A pesar de que la universalidad del sistema de salud colombiano alcanzó 98,6% de cobertura poblacional en 2024, Anif identificó un deterioro simultáneo en la calidad de atención y la protección financiera de las familias. Esta situación evidencia una desconexión entre el acceso formal al sistema y su capacidad real de brindar servicios efectivos.

El gasto de bolsillo incluye copagos y cuotas moderadoras por servicios que deberían cubrir las Entidades Promotoras de Salud (EPS), servicios con autorizaciones denegadas, compra directa de medicamentos en farmacias y atención en el sector privado.

La investigación estableció una correlación directa entre el incremento del gasto de bolsillo y la crisis financiera de las EPS. Datos de la Contraloría General de la República muestran que las EPS no intervenidas acumularon deudas por $5,3 billones en 2023 y $10,8 billones en 2024.

Las cifras son más alarmantes para las EPS intervenidas, que según el Ministerio de Salud registraron pasivos de $32,9 billones durante 2024. Esta situación financiera ha generado demoras en la asignación de citas médicas, autorizaciones de especialistas y desabastecimiento de medicamentos por falta de recursos.

El deterioro en la calidad del servicio se refleja también en el aumento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS). En el régimen contributivo, estas alcanzaron su punto más alto al cierre de 2024 con un incremento de 78,9%, mientras que en el régimen subsidiado crecieron 69,8% en doce meses.

Estos registros solo son superados por las cifras de la pandemia de COVID-19, cuando las PQRS alcanzaron valores superiores a 80%, lo que indica una crisis de satisfacción usuaria comparable a la emergencia sanitaria.

Con información de la república