El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez inició formalmente el cumplimiento de su condena de 12 años de prisión domiciliaria después de que el Juzgado Tercero Penal de Rionegro, Antioquia, remitiera la boleta de encarcelamiento al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El exmandatario colombiano (2002-2010) ya se encuentra en su finca de Antioquia (noroeste), donde purgará 12 años de prisión domiciliaria por soborno de testigos y fraude procesal, según confirmó el miércoles 6 de agosto.

El documento judicial establece que Uribe ya suscribió el acta de compromiso que le permite acceder a la medida sustitutiva de prisión domiciliaria en su residencia de Llanogrande, ubicada en el municipio de Rionegro. La boleta de encarcelamiento fue enviada oficialmente a la cárcel de Sonsón, Antioquia.

“Esta tarde comparecí al juzgado de Rionegro. Me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que estoy cumpliendo desde el pasado viernes”, declaró el expresidente en un video publicado en su cuenta de redes sociales.

El expresidente Álvaro Uribe fue condenado a una pena de 12 años que deberá cumplir en prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, según la sentencia leída este viernes 1 de agosto por la jueza Sandra Heredia.

El oficio judicial especifica que la sentencia fue emitida por encontrarlo penalmente responsable como determinador del delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo y en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo. La prisión domiciliaria se otorga como sustituto de la pena principal de prisión.

Además de la detención domiciliaria, el documento revela que el sentenciado suscribió una diligencia de compromiso bajo caución prendaria por valor de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Uribe permanecerá privado de la libertad en su propiedad rural de Llanogrande, donde las autoridades penitenciarias realizarán los controles correspondientes para verificar el cumplimiento de la medida. La finca, ubicada en el oriente antioqueño, será el lugar donde el expresidente enfrentará su condena.

La jueza ordenó que la prisión domiciliaria entre en vigor de forma inmediata. También sentenció a Uribe a una multa equivalente a alrededor de US$ 830.000 —2.420 salarios mínimos— y a ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La defensa del expresidente —quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010— solicitó la suspensión de la ejecución de la condena mientras avanza el proceso de apelación. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó esta solicitud el pasado 4 de agosto.

El equipo jurídico de Uribe mantiene dos recursos activos: una tutela que busca recuperar su libertad hasta que se resuelva la segunda instancia y la apelación formal contra la sentencia condenatoria. Ambos trámites están pendientes de resolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá.

La condena marca un precedente histórico en Colombia, al convertir a Uribe en el primer expresidente del país en ser condenado por delitos penales. El proceso judicial se originó por presuntas irregularidades en testimonios relacionados con investigaciones de paramlitarismo.

El expresidente, de 73 años, continuará su defensa legal mientras cumple la medida restrictiva de libertad en su residencia antioqueña, bajo la supervisión de las autoridades penitenciarias colombianas.

 

 

 

Con información de wradio y caracol radio