La defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió un pronunciamiento oficial solicitando el respeto hacia las decisiones judiciales tras la reciente condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal.

Marín enfatizó la importancia de este momento para el sistema judicial colombiano. “El país observa con atención un proceso judicial de gran trascendencia que involucra al expresidente Álvaro Uribe, por eso es una oportunidad de oro para dar paso a la voz de la justicia”, declaró la funcionaria.

La defensora dirigió especial atención hacia los señalamientos que ha recibido la jueza Sandra Heredia, quien profirió la sentencia condenatoria. Según Marín, estos cuestionamientos sin fundamento representan un riesgo directo para la institucionalidad del país.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las posibles consecuencias de los ataques contra funcionarios judiciales. “Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial”, advirtió Marín.

La funcionaria fue categórica al señalar que “no es admisible atacar o deslegitimar a quien profiere las decisiones ni insinuar su parcialidad sin fundamento”. Esta declaración surge en un contexto donde diversos sectores han cuestionado la decisión judicial.

La Defensoría recordó episodios previos donde funcionarios del sistema judicial han enfrentado ataques violentos como consecuencia de decisiones controvertidas. Esta referencia histórica refuerza la urgencia del llamado institucional al respeto.

Marín subrayó que el debate sobre las decisiones judiciales debe desarrollarse “por la vía institucional y dentro del marco del Estado de derecho”, descartando cualquier forma de presión o intimidación externa.

La defensora del Pueblo reiteró que la independencia judicial trasciende los intereses particulares de los magistrados. “La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para toda la sociedad”, explicó Marín.

En su intervención final, Marín extendió una invitación amplia a todos los actores del proceso. “Invitamos a todas las partes procesales, a los líderes políticos y a la opinión a confiar en la justicia, a respetar y no estigmatizar a una jueza y a respetar las decisiones de la justicia”, concluyó.

La Defensoría del Pueblo mantiene su posición de garante de los derechos fundamentales y la institucionalidad democrática, recordando que el respeto a las decisiones judiciales constituye un elemento esencial para el funcionamiento del Estado de derecho en Colombia.

Con información de el colombiano