La Procuraduría General de la Nación abrió este miércoles una investigación disciplinaria contra la canciller encargada Rosa Villavicencio por presuntas irregularidades en la firma del convenio para la fabricación de pasaportes con la Imprenta Nacional, suscrito el pasado 18 de julio.

La sala de instrucción disciplinaria de la Procuraduría incluyó en la investigación a Alba Liliana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, y a Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, secretaria general encargada de la Cancillería.

Villavicencio lleva tres semanas como ministra encargada tras asumir el cargo en medio de la controversia que llevó a la renuncia de Laura Sarabia a comienzos de julio.

Según la Procuraduría, el convenio firmado a través del Fondo Rotatorio de la Cancillería habría transgredido los principios de planeación y economía que rigen la contratación estatal. El ente de control determinó que no existen documentos ni estudios previos que justifiquen adecuadamente la celebración del acuerdo.

“Debido a las fallas en la planeación del nuevo esquema para el suministro de pasaportes, se observa una omisión al deber que le asiste a los funcionarios de cumplir con los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa”, señaló la entidad.

La Procuraduría advirtió que se desconoce el acto administrativo mediante el cual se delegó en la Secretaría General encargada la competencia para firmar el convenio, generando interrogantes sobre la legalidad del proceso y la delegación de funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La controversia sobre el nuevo modelo de pasaportes ya había generado investigaciones disciplinarias iniciadas el 9 de julio contra el jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade, y los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo.

En el caso de Saade, la Procuraduría investiga si se extralimitó en sus funciones al instruir a funcionarios de la Cancillería para racionalizar la asignación de citas para expedir pasaportes.

La polémica inició en 2023 cuando el entonces canciller Álvaro Leyva suspendió el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa encargada del proceso durante 17 años, alegando falta de libre competencia en la última licitación.

Para reemplazar a la multinacional de origen británico, el Gobierno de Gustavo Petro firmó un memorando de entendimiento con Portugal y la Imprenta Nacional, pese a las advertencias de Sarabia sobre la falta de capacidad técnica de esta última para elaborar los documentos.

Antes de dejar el cargo, Sarabia prorrogó por un año el contrato con Thomas Greg & Sons a partir del 1 de septiembre. Esta decisión fue posteriormente revertida por Saade, quien además ordenó al equipo de la Cancillería “demorar la asignación de citas para hacer rendir el stock de pasaportes que queda”.

Bajo la dirección de Villavicencio, el Gobierno anunció el martes la firma del acuerdo con Portugal para implementar el nuevo modelo de expedición de pasaportes en conjunto con la Imprenta Nacional.

“Por fin se acabó el monopolio”, celebró el presidente Petro en referencia a Thomas Greg & Sons.

Durante la transición tecnológica, el Gobierno confirmó que prorrogará por siete meses el contrato actual con la unión temporal encabezada por Thomas Greg & Sons para garantizar la continuidad del servicio.

 

 

Con información de bluradio y swissinfo