La Fiscalía General de la Nación ejecutó este miércoles 30 de julio una diligencia de inspección en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para investigar un polémico contrato por 2.500 millones de pesos firmado durante la gestión del entonces defensor Carlos Camargo.

El ente investigador busca los antecedentes del acuerdo suscrito con el consorcio Adalid-Iacom 2021 para la adquisición de una plataforma de análisis forense. El beneficiario principal es la empresa Adalid, fundada por el abogado Andrés Guzmán Caballero, quien fue compañero de estudios de Carlos Camargo en la Universidad Sergio Arboleda.

Guzmán Caballero es especialista en seguridad y hasta hace pocos meses se desempeñó como comisionado de derechos humanos del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Además del contrato cuestionado, fue nombrado por Camargo en un alto cargo institucional: la Defensoría delegada para los derechos en los entornos virtuales y la libertad de expresión.

El contrato, firmado en 2021 y financiado con recursos de un crédito de 18 millones de dólares contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo, tenía como propósito adquirir tecnología forense avanzada.

Según la presentación pública del producto, “el software instalado en las estaciones de informática forense permite analizar interceptaciones telefónicas, videos o fotografías borrosas, recuperar información borrada de cualquier dispositivo, procesar información de un chat en WhatsApp, así como de cualquier red social o página web, analizar imágenes de cámaras de video de vigilancia y revisar cualquier tipo de dispositivo digital”.

La revista Cambio reveló que el Sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep) aseguró que “el laboratorio viene siendo utilizado para espiar y analizar las comunicaciones de funcionarios –especialmente aquellos sindicalizados– que tienen reparos a la gestión del defensor Carlos Camargo Asís”.

Las denuncias apuntan a que la plataforma era empleada para vigilancia interna y no exclusivamente para las labores investigativas de los defensores públicos, como estaba previsto originalmente.

Existe un correo interno donde Nancy Judith Albarracín, encargada del laboratorio forense de la Defensoría, ordena a una perita tramitar la consecución de información requerida por José Palomino, de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Albarracín también fue compañera de estudios de Camargo en el Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal), programa de la Escuela Superior de Guerra dirigido a coroneles y capitanes próximos a ascensos, donde se admiten algunos civiles.

La diligencia se realizó a las 2:30 de la tarde bajo la dirección de Adriana Angélica Ruíz, investigadora comisionada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La funcionaria que atendió la inspección fue precisamente Nancy Judith Albarracín.

Carlos Camargo enfrenta múltiples cuestionamientos mientras aspira a que la Corte Suprema de Justicia lo incluya en la terna para magistrado de la Corte Constitucional. Según investigaciones periodísticas, habría incluido en la nómina de la Defensoría a familiares de al menos siete magistrados de la Corte Suprema que podrían ser sus nominadores.

Con información de wradio