La jueza Sandra Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por los delitos de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal. La decisión judicial marca un hito en la historia política colombiana al condenar en primera instancia a uno de los líderes más influyentes del país.

Durante la lectura del sentido del fallo, la magistrada Sandra Heredia respaldó todos los argumentos presentados por la Fiscalía y descartó las tesis defensivas. “El acusado conocía el plan”, declaró la jueza al referirse al caso específico de Juan Guillermo Monsalve, confirmando que se incurrió “más allá de toda duda en soborno en actuación penal”.

La decisión judicial estableció que la defensa del expresidente, a través de su entonces apoderado Diego Cadena, buscó que Monsalve retractara su versión sobre Uribe Vélez. La jueza enfatizó que el proceso constituye “un acto de justicia y solo de justicia”, descartando interpretaciones políticas del fallo.

Uno de los aspectos centrales del proceso fue el debate sobre las interceptaciones entre Uribe y su abogado Diego Cadena. La defensa alegó violación del secreto profesional, pero la jueza determinó que “el ejercicio de la abogacía se habría desnaturalizado como medio para ocultar conductas” y que “el secreto profesional no puede convertirse en barrera para detectar hechos punibles”.

La magistrada también validó las grabaciones obtenidas mediante relojes espías, rechazando la petición defensiva de excluir esta evidencia. Según Heredia, existe “convencimiento de los presentes” sobre la autenticidad de las grabaciones, las cuales fueron cruciales para corroborar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve.

El proceso judicial tiene su origen en el debate parlamentario del 17 de septiembre de 2014, cuando el senador Iván Cepeda presentó testimonios que vinculaban a Uribe Vélez y su hermano Santiago con la fundación del Bloque Metro de las AUC. El expresidente respondió denunciando a Cepeda por manipulación de testigos ante la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, las investigaciones posteriores llevaron a la Corte Suprema a archivar el caso contra Cepeda el 16 de febrero de 2018 y abrir un expediente contra Uribe Vélez. Tanto la Corte Suprema como la Fiscalía sostuvieron que el expresidente habría ofrecido beneficios a exparamilitares presos para modificar sus testimonios.

Desde el 4 de mayo, fecha de inicio de las audiencias públicas, el proceso incluyó la presentación de videos, documentos, audios, mensajes e interceptaciones. Un total de 95 testigos declararon durante el juicio, siendo Juan Guillermo Monsalve y su expareja Deyanira Gómez figuras centrales cuyo testimonio fue considerado creíble por la jueza.

La magistrada destacó la vulnerabilidad de Monsalve durante el proceso, describiéndolo como “tímido, temeroso y penumbroso” al enfrentar a “una persona que desde niño le enseñaron a obedecer”, refiriéndose a la relación histórica entre el testigo y la familia Uribe en la hacienda Guacharacas.

La jueza Sandra Heredia programó para agosto la lectura de la tasación de la sentencia, donde se conocerán los años de condena para el político antioqueño. Posteriormente, las partes tendrán cinco días para interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde tres magistrados revisarán la decisión con fecha límite del 8 de octubre.

El abogado defensor Jaime Granados indicó que “por la naturaleza misma de los delitos, admiten la prisión domiciliaria”. El proceso podría llegar finalmente a la Corte Suprema de Justicia, donde comenzó en 2011, completando así un largo recorrido judicial que ha marcado la historia política reciente de Colombia.

Con información de el colombiano