Un tribunal de Antioquia condenó a siete exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands a 135 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, tras determinar su responsabilidad en los nexos entre la empresa y estructuras paramilitares en la región de Urabá durante los años de mayor intensidad del conflicto armado.

La decisión del Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia afecta a Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo, José Luis Valverde, Víctor Julio Buitrago y Fuad Alberto Giacoman Hasbún.

La juez Diana Lucía Monsalve negó a los condenados los beneficios de suspensión de pena y prisión domiciliaria, ordenando además la expedición de las respectivas órdenes de captura. Como parte de la sanción, impuso una multa colectiva de 13.876 millones de pesos.

La sentencia se produce apenas dos meses antes de que el proceso prescribiera definitivamente, plazo que se cumpliría el próximo 17 de septiembre. El caso había permanecido estancado durante años en el sistema judicial colombiano, generando expectativa sobre su resolución final.

En el mismo fallo, la magistrada absolvió a tres exfuncionarios de empresas relacionadas. Javier Ochoa Velásquez, exgerente de planeación y proyectos de Banacol hasta 2004; Víctor Manuel Henríquez Velásquez, expresidente ejecutivo de Banacol y miembro de su junta directiva hasta 2018; y Jorge Alberto Cadavid Marín, exvicepresidente financiero de la misma empresa, fueron declarados inocentes.

Según el tribunal, la evidencia presentada durante el proceso no fue suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba a estos tres exdirectivos.

Esta condena se suma a las sanciones internacionales previamente impuestas a la multinacional. En 2007, un tribunal estadounidense sancionó a Chiquita Brands con una multa de 25 millones de dólares después de que la compañía aceptara haber realizado más de 100 pagos ilegales por un total de 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El gobierno estadounidense había catalogado a las AUC como organización terrorista, lo que convirtió los pagos de la multinacional en financiamiento de actividades terroristas según la legislación de ese país.

La Comisión de la Verdad documentó en sus investigaciones que la relación entre grupos paramilitares y narcotráfico en el Urabá antioqueño era ampliamente conocida por las empresas que operaban en la región. Según el organismo, Chiquita Brands no solo conocía esta situación, sino que habría participado activamente del entramado criminal.

La entidad estableció que cuando la multinacional pactó con las Autodefensas Unidas de Colombia, asumió conscientemente las implicaciones de esa alianza. Entre las actividades documentadas se encuentra el uso de contenedores de banano para ocultar y transportar cocaína en los barcos de exportación de la empresa.

Con información de wradio, caracol radio y bluradio