El Gobierno de Colombia fue notificado por las autoridades de Ecuador sobre su decisión de deportar a un número significativo de ciudadanos colombianos actualmente privados de la libertad en cárceles ecuatorianas. La medida contempla el retorno de aproximadamente 1.500 reclusos, como parte de una estrategia para reducir la violencia carcelaria y mitigar el hacinamiento en el sistema penitenciario del país vecino.

La Cancillería colombiana, a través de un comunicado oficial, informó que ya se adelantan gestiones diplomáticas con Quito con el fin de establecer un mecanismo de traslado que garantice condiciones dignas para los reclusos, así como el cumplimiento de las normas de seguridad y legalidad que rigen los procesos de repatriación.

Aunque no se ha precisado el número exacto de personas que serán devueltas en esta fase, se conoce que los delitos por los cuales están condenados van desde hurto y narcotráfico hasta homicidio.

Esta iniciativa se enmarca dentro de una política adoptada por el Gobierno ecuatoriano desde 2024, que busca descongestionar sus cárceles, muchas de ellas afectadas por altos niveles de hacinamiento, violencia entre bandas y falta de control institucional. En abril pasado ya se realizó una primera deportación de ocho colombianos recluidos en el centro penitenciario de Tulcán, quienes fueron entregados a las autoridades migratorias colombianas en el municipio fronterizo de Ipiales.

En junio de este año, Ecuador aprobó una ley que permite la expulsión de presos extranjeros a sus países de origen. Esta normativa incluye una prohibición de reingreso al territorio ecuatoriano durante los próximos 40 años. Además, establece que quienes infrinjan esta restricción podrían ser declarados “objetivo militar”, lo que ha generado críticas de organismos de derechos humanos.

Actualmente, el sistema penitenciario de Ecuador alberga cerca de 3.300 reclusos extranjeros. A través de su programa de repatriación, el país ha facilitado el retorno de presos de diversas nacionalidades, entre ellas Colombia, Perú, México y El Salvador.

El Gobierno colombiano, por su parte, ha manifestado su disposición a recibir a sus connacionales, siempre que se respeten los derechos fundamentales de los reclusos durante el proceso de deportación. Las autoridades también deberán coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para definir los centros a los que serán trasladados y evaluar caso por caso el cumplimiento de penas en territorio colombiano.

Este anuncio se da en un contexto regional marcado por el fortalecimiento de las políticas migratorias y penitenciarias, así como por los desafíos compartidos entre países vecinos en materia de seguridad y derechos humanos. La repatriación masiva de presos colombianos desde Ecuador representa uno de los mayores retos logísticos y diplomáticos en las relaciones bilaterales recientes.