El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó su más reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación en Colombia, correspondiente al periodo entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2025. El documento, que será expuesto oficialmente el 18 de julio en Nueva York por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión, reconoce avances en la implementación del Acuerdo de Paz, pero advierte sobre persistentes desafíos, especialmente relacionados con la violencia.

Durante este trimestre, se reportó el asesinato de diez excombatientes firmantes del Acuerdo, elevando a 470 el total de homicidios contra esta población desde 2016. Además, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos recibió 34 denuncias por homicidios contra defensores de derechos humanos y 13 masacres, hechos que reflejan una situación preocupante, especialmente en zonas con presencia histórica de grupos armados ilegales.

La situación humanitaria también continúa deteriorándose. Entre enero y junio de 2025, cerca de 67.800 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado y otras 98.700 permanecen en condición de confinamiento, siendo las regiones más afectadas el Catatumbo y la costa pacífica. Estos indicadores representan un aumento respecto al mismo periodo del año anterior, lo que ha encendido las alertas en organismos internacionales.

En su informe, Guterres resaltó la importancia de erradicar la violencia política, particularmente de cara a la temporada electoral, al tiempo que celebró el consenso entre los partidos para rechazar este tipo de acciones. Reafirmó que una participación política incluyente y libre de amenazas es uno de los pilares del Acuerdo Final de Paz.

A pesar del complejo panorama, el informe destaca avances significativos. El 95 % de los más de 11.000 excombatientes activos ya culminaron sus planes individuales de reincorporación, y cerca del 30 % de ellos incluye formación política, lo que refleja un compromiso con la democracia. Asimismo, se instaló el Sistema Nacional de Reincorporación, que coordina esfuerzos entre más de 30 entidades del Estado.

En cuanto a la reforma rural, se adjudicaron 40.000 hectáreas y se formalizaron otras 86.000. Aunque representan un paso positivo, las cifras están lejos de las metas pactadas en el Acuerdo: adjudicar 3 millones y formalizar 7 millones de hectáreas. Restricciones presupuestales y riesgos de seguridad siguen siendo los principales obstáculos.

Guterres también subrayó la urgencia de acelerar la implementación de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como mecanismo para garantizar justicia transicional y reparación a las víctimas. El informe insiste en que estas sanciones deben traducirse en acciones restaurativas tangibles.

En el ámbito étnico, el documento destaca la expedición de nuevos decretos que fortalecen la autonomía de los pueblos indígenas, así como avances en la construcción del Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325 de mujeres, paz y seguridad, que se espera sea adoptado oficialmente en los próximos meses.

La ONU concluyó que, aunque los avances son notables en algunos frentes, los retos estructurales requieren un esfuerzo sostenido y el acompañamiento de la comunidad internacional para consolidar una paz duradera en Colombia.