El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó el pasado viernes una propuesta de reforma constitucional que busca implementar la castración química obligatoria para personas condenadas por el delito de violación. La iniciativa fue remitida a la Corte Constitucional para su revisión de admisibilidad, como paso previo a su eventual debate en la Asamblea Nacional.

Según el comunicado oficial de la Presidencia, la medida pretende fortalecer las herramientas del Estado frente a lo que calificó como una crisis de seguridad y derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la protección de niños, niñas y adolescentes. La reforma incluye, además, la creación de un registro de acceso restringido para condenados por delitos sexuales, con el fin de impedir su reincorporación a actividades que involucren menores.

El documento justificó la propuesta señalando que entre agosto de 2014 y mayo de 2025 se han registrado 71.270 procesos judiciales por delitos sexuales en Ecuador, de los cuales un 22 % involucraron a menores de edad. En este contexto, el Gobierno argumentó que la castración química ha demostrado ser efectiva para reducir la reincidencia de agresores sexuales, citando como ejemplo su uso en países como Polonia, Corea del Sur, Rusia, Indonesia y en siete estados de EE.UU.

La castración química consiste en la administración de medicamentos que suprimen la producción de testosterona o bloquean sus efectos, reduciendo así la libido y la actividad sexual. Aunque su aplicación ha sido respaldada en algunos contextos judiciales, sigue siendo motivo de controversia a nivel internacional por sus implicaciones éticas, legales y de derechos humanos.

Actualmente, la legislación ecuatoriana establece penas de entre 19 y 22 años de prisión para los casos de violación cometidos contra menores de catorce años. La propuesta de reforma no plantea eliminar las penas privativas de libertad, sino añadir un tratamiento químico adicional en ciertos casos.

El siguiente paso en el proceso será la evaluación de la Corte Constitucional, que deberá determinar si la propuesta cumple con los requisitos legales para ser tramitada por la Asamblea Nacional. En caso de ser admitida, se abriría el debate legislativo sobre una de las medidas penales más polémicas de los últimos años en el país.

La iniciativa de Noboa ha generado una intensa discusión pública en Ecuador, con sectores que la respaldan como una medida ejemplarizante, mientras otros alertan sobre el riesgo de vulneraciones a los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, incluso condenadas.

De ser aprobada, Ecuador se convertiría en uno de los pocos países de América Latina en implementar este tipo de sanción, lo que representaría un cambio significativo en la política penal frente a los delitos sexuales. La propuesta se da en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la seguridad y la protección de los menores de edad.