La Fiscalía General de la Nación logró que una juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jefferson Garcés Guamas y Carlos Antonio Bernaza, señalados como presuntos responsables de un ataque con explosivos perpetrado el pasado 18 de mayo en Cali, Valle del Cauca.

Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, los dos hombres habrían planeado y ejecutado un atentado en el barrio Los Lagos. De acuerdo con el material probatorio, ambos realizaron una llamada falsa a la línea de emergencia reportando un supuesto enfrentamiento armado. Cuando los uniformados llegaron al lugar, un artefacto explosivo fue activado, causando heridas a nueve personas: tres menores de edad, dos adultos y cuatro policías.

Garcés Guamas fue identificado por las autoridades como el principal coordinador del ataque, mientras que Bernaza habría sido el encargado de transportar y ubicar el explosivo dentro de una caneca de basura en una zona residencial. Posteriormente, el artefacto fue detonado de forma remota mediante el uso de radiofrecuencia.

Ambos fueron imputados por los delitos de terrorismo, lesiones personales agravadas y daño en bien ajeno agravado. Ninguno aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

Las capturas de los presuntos responsables se realizaron en diligencias de registro y allanamiento en diferentes inmuebles de la ciudad de Cali, en coordinación con unidades de la Sijín de la Policía Nacional. Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor de arma de fuego, un radio de comunicaciones, seis teléfonos móviles, así como cuatro alarmas con controles y cableado que podrían haber sido utilizados en la activación del artefacto explosivo.

En el mismo procedimiento fue capturado en flagrancia un tercer individuo identificado como John Arroyo. Al momento de su detención, portaba una pistola, un proveedor y tres cartuchos. La Fiscalía lo imputó por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las autoridades continúan con la recolección de evidencia para determinar si existen otros implicados en el ataque, que dejó afectaciones en el orden público y puso en riesgo a la comunidad del sector.

La Fiscalía reiteró su compromiso de judicializar a quienes atenten contra la seguridad y la integridad de la ciudadanía, utilizando tácticas engañosas y elementos de alto poder destructivo. Las investigaciones seguirán su curso para establecer si este atentado está vinculado a estructuras criminales de mayor alcance en la región.