La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó sin efectos las resoluciones con las que la Superintendencia Nacional de Salud había ordenado, corregido y prorrogado la intervención forzosa de la EPS Sanitas y la toma de posesión de sus bienes y operaciones. La decisión, adoptada por mayoría, ampara el derecho fundamental al debido proceso de la entidad promotora de salud y podría impactar otros procesos similares, como la intervención a Nueva EPS.

La intervención inicial fue ordenada el 2 de abril de 2024, cuando la Superintendencia, entonces dirigida por Luis Carlos Leal, justificó la medida argumentando presuntos incumplimientos legales, deudas superiores a 2 billones de pesos y riesgos financieros que amenazaban la atención de 5,7 millones de usuarios. Posteriormente, la orden fue corregida el 10 de abril y prorrogada un año más en abril de 2025.

La Corte concluyó que las actuaciones de la autoridad de control violaron las garantías mínimas procesales de Sanitas, por lo que revocó las decisiones previas del Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, que habían negado la tutela presentada por la compañía. El expediente fue remitido a la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, que reconoce la salud como un derecho fundamental.

La ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González ordena restituir los órganos de gobierno de la EPS en un plazo aproximado de 10 a 15 días. La decisión contó con el salvamento de voto del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia, y la ausencia de la magistrada Natalia Ángel, quien se encontraba en comisión.

Efectos en arbitraje internacional

La medida podría tener consecuencias en el litigio internacional iniciado por Keralty, grupo español propietario de Sanitas, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En esta instancia, Colombia enfrenta una demanda por 1.200 millones de dólares por presunta expropiación indirecta y violación de tratados de inversión extranjera.

Según Keralty, la intervención fue “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria” y derivó en la destrucción del valor económico de la EPS. En un comunicado posterior a la intervención, la compañía responsabilizó al Gobierno de su crisis financiera por no reconocer la deuda acumulada y por la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), aspectos que la Corte también tuvo en cuenta en su análisis.

Gobierno aceptó fallo a regañadientes

El presidente Gustavo Petro anunció que acatará la sentencia, aunque cuestionó las implicaciones de la decisión. Según indicó, el fallo se refiere a “irregularidades procedimentales” en la intervención y devuelve a Sanitas la plena responsabilidad de cumplir con las obligaciones financieras y de reserva técnica.

Petro advirtió que la crisis del sistema persiste y reiteró que, si el Congreso no aprueba la reforma a la salud, el modelo actual se encamina a la quiebra. También insistió en que las EPS que no cumplan con las reservas técnicas deberán liquidarse, dejando a sus usuarios en las entidades sobrevivientes.

El mandatario sostuvo que la alternativa más viable es la propuesta oficial: eliminar la intermediación financiera de las EPS, pagar directamente los servicios desde el Estado y permitir la libre elección de clínicas por parte de los pacientes.

Sanitas evaluará acciones judiciales

El abogado Juan David Rivero, representante de Keralty, afirmó que la Corte ratificó que la intervención fue “arbitraria y desproporcionada” y anunció que se evaluarán acciones judiciales contra los responsables. La restitución de los órganos de dirección permitirá a Sanitas revisar su situación financiera y adoptar medidas de reorganización.

Mientras tanto, la Superintendencia Nacional de Salud deberá dar cumplimiento a la decisión y garantizar la transición ordenada de la administración. En paralelo, el proceso arbitral internacional continuará, y expertos señalan que el fallo podría incidir en la defensa jurídica del Estado colombiano.

La intervención de EPS Sanitas y la de Nueva EPS pusieron bajo administración estatal la atención de más de 17 millones de afiliados. Con este nuevo escenario, se reabre el debate sobre el futuro del sistema de salud y la capacidad del Gobierno para implementar su modelo de transformación del aseguramiento.