La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que la Cámara de Representantes, a través de la Comisión de Acusaciones, es la única autoridad competente para investigar al presidente Gustavo Petro por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. La decisión pone fin al proceso de tutela interpuesto por el mandatario y retira la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En una votación reñida, la magistratura declaró que la Cámara de Representantes debe asumir la investigación contra Gustavo Francisco Petro Urrego “por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico”.

La Corte ordenó al CNE remitir todas las diligencias del caso a la Comisión de Acusaciones en un plazo máximo de cinco días hábiles. Esta decisión marca un punto de inflexión en el proceso que se adelantaba en el organismo electoral desde hace varios meses.

La determinación judicial estableció una división clara de competencias. Mientras el presidente queda bajo la jurisdicción de la Comisión de Acusaciones, el CNE conserva la facultad de investigar “a las campañas, partidos, movimientos o a cualquier miembro de las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, con excepción del candidato y hoy presidente”.

Esta separación permite que continúen las investigaciones contra otros integrantes de la campaña presidencial del Pacto Histórico que presuntamente participaron en irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y la presentación de informes financieros.

La Corte Constitucional aprovechó su pronunciamiento para hacer un llamado al Congreso de la República. El tribunal pidió reglamentar la materia con el objetivo de garantizar “el derecho fundamental al debido proceso, la estabilidad institucional y la separación de funciones del poder público”.

Este exhorto surge del conflicto de competencias que se presentó entre el CNE y la Comisión de Acusaciones, situación que fue resuelta previamente por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, pero que evidenció vacíos normativos en la legislación actual.

La decisión no fue unánime. Cuatro magistrados se apartaron de la posición mayoritaria que favoreció al presidente: Jorge Enrique Ibáñez, José Fernando Reyes, Lina Marcela Escobar y Paola Meneses Mosquera expresaron su disentimiento con la determinación adoptada por sus colegas.

Con información de wradio