Tras la sanción presidencial y entrada en vigor de la nueva reforma laboral, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el Gobierno nacional prepara un paquete de medidas orientadas a mitigar los efectos del aumento de costos laborales sobre las micro y pequeñas empresas.

En entrevista con La FM de RCN, el funcionario explicó que, junto con el Ministerio de Comercio, se radicará un proyecto de ley en el Congreso a partir del 20 de julio de 2025. La iniciativa contempla alivios como tasas diferenciadas de crédito, exenciones e incentivos tributarios, beneficios en servicios públicos y estímulos para la formalización empresarial.

“El objetivo es que las empresas no solo enfrenten los nuevos costos laborales, sino que también se adapten y se consoliden dentro del aparato productivo nacional”, aseguró Sanguino.

Principales cambios laborales

Entre las modificaciones más relevantes está el ajuste al recargo nocturno, que ahora deberá pagarse desde las 7:00 p.m., sin distinción por tamaño de empresa. Este recargo se mantiene en 35%.

En cuanto al trabajo en domingos y festivos, el recargo alcanzará el 100 % a partir del 1 de julio de 2027, pero se aplicará de forma escalonada: será del 80 % en 2025, del 90 % en 2026 y del 100 % a partir del año siguiente. Las empresas podrán anticipar el pago completo si así lo deciden.

La reforma también establece que los contratos laborales a término fijo tendrán una duración máxima de cuatro años. Si el trabajador continúa vinculado tras ese periodo, el contrato se convertirá automáticamente en indefinido.

Nuevas licencias y obligaciones empresariales

Entre los nuevos derechos laborales figuran licencias obligatorias para asistir a citas médicas de urgencia o con especialistas, siempre que estén programadas. También se contempla la licencia menstrual, sujeta a diagnóstico médico, y permisos para acudir a actividades escolares cuando el trabajador actúe como acudiente, así como a diligencias judiciales o administrativas.

En materia de inclusión laboral, se establece que las empresas deberán contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 empleados. Para organizaciones con más de 500 trabajadores, se deberá sumar una persona con discapacidad por cada 100 empleados adicionales.

Cambios en materia sindical

Según el análisis de la firma Chapman Wilches, la reforma elimina el artículo relacionado con garantías sindicales y se retira la prohibición de los contratos sindicales, lo que implica ajustes en las relaciones laborales y de negociación colectiva.

El Ministerio de Trabajo también anunció que adelantará un proceso de diálogo con empresarios para acompañar la implementación progresiva de la reforma y facilitar la adaptación a los nuevos requerimientos legales.

El paquete de medidas en trámite busca atender las preocupaciones del sector productivo frente al impacto económico de los cambios normativos, especialmente en un contexto donde las micro y pequeñas empresas representan más del 90 % del tejido empresarial colombiano.

Con la reforma en marcha, el Gobierno espera avanzar hacia una mayor formalización laboral y mejores condiciones para los trabajadores, sin desatender la sostenibilidad de las unidades productivas más vulnerables del país.