El presidente Gustavo Petro oficializó este lunes 24 de junio la derogatoria del controvertido decreto 639 de 2025, con el cual había convocado a una consulta popular nacional sin el aval del Senado. La decisión fue formalizada mediante un nuevo decreto firmado por todos los ministros, incluidos aquellos encargados temporalmente como Laura Sarabia (Cancillería), Edwin Palma (Minas y Energía) y Eduardo Montealegre (Justicia), quienes no participaron en la firma del documento original.

El texto del nuevo decreto indica de manera explícita: “Deróguese el decreto número 639 del 11 de junio de 2025, por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones”. La medida llega el mismo día en que se anunció la sanción de la reforma laboral, eje central del fallido mecanismo de consulta.

Según el gobierno, la convocatoria a la consulta popular fue una respuesta al “bloqueo institucional” que, a juicio del Ejecutivo, sufrió el proyecto de ley 166 de 2023, 311 de 2024 del Senado, que contenía la reforma laboral. Sin embargo, el nuevo decreto justifica la derogatoria en el hecho de que dicha reforma ya fue aprobada por ambas cámaras del Congreso, recogiendo en su articulado los elementos que serían objeto de votación en la jornada electoral inicialmente planteada.

El decreto 639 generó polémica desde su expedición, el 11 de junio de 2025, debido a que fue expedido tras el concepto negativo del Senado frente a la convocatoria. Diversos sectores jurídicos y políticos cuestionaron su legalidad, calificándolo como un intento de eludir el control legislativo, y lo bautizaron como el “decretazo”.

La revocación del decreto fue anunciada por el presidente Petro el pasado viernes, pero su oficialización mediante decreto fue registrada este lunes. En paralelo, se confirmó que la sanción de la reforma laboral se realizará en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

Revisión judicial del ‘decretazo’ sigue en curso

Pese a la derogatoria, expertos constitucionales y exmagistrados han advertido que el control judicial del acto no se detiene. Según Carlos Zambrano, exconsejero de Estado, la existencia misma del decreto puede haber generado efectos jurídicos que requieren una revisión de fondo por parte del Consejo de Estado y, eventualmente, de la Corte Constitucional.

Zambrano afirmó que el retiro del decreto “no detiene los trámites que ya están en curso ante las altas instancias judiciales”. En ese sentido, los órganos competentes deben pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento, más allá de su vigencia.

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, subrayó que “la derogatoria elimina la vigencia del acto, pero no impide su evaluación judicial”, e insistió en que la jurisprudencia ha sido clara en permitir fallos de fondo sobre actos ya derogados o revocados.

Analistas del sector jurídico consideran que el fallo que emita el Consejo de Estado sobre el decreto derogado también podría sentar un precedente en torno a los límites legales de futuras convocatorias a una Asamblea Nacional Constituyente. Esto, tras los reiterados anuncios del presidente Petro sobre impulsar dicha iniciativa a través de mecanismos como la llamada “octava papeleta” en las elecciones de marzo del próximo año.

En ese contexto, se espera que el pronunciamiento de las altas cortes defina con claridad el alcance del poder del Ejecutivo frente a mecanismos de participación ciudadana y reformas constitucionales, y marque la pauta jurídica para futuros procesos similares.