El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que el Gobierno Nacional impulsará la inclusión de una papeleta adicional en las elecciones legislativas de marzo de 2026, con el objetivo de consultar a los ciudadanos sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta se hará a través de una “octava papeleta“, sin decreto presidencial ni proyecto de ley, según explicó en entrevista con La W Radio.

Montealegre precisó que esta iniciativa no tiene carácter vinculante ni se enmarca en los procedimientos constitucionales actuales para convocar una Asamblea. En cambio, se trata de un “hecho político”, orientado a medir el respaldo ciudadano frente a una eventual reforma profunda de la Constitución.

La Constitución de 1991 y las vías de reforma

El ministro recordó que la Constitución de 1991 contempla tres mecanismos formales para su modificación: el trámite legislativo en el Congreso, el referendo y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Para este último caso, es necesario que el Congreso apruebe una ley que pase el control de la Corte Constitucional y que posteriormente sea sometida a votación popular. Si al menos el 30 % del censo electoral aprueba la iniciativa, se procede a la elección de los constituyentes.

No obstante, Montealegre indicó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no seguirá este camino institucional en esta etapa. “No se va a promover ningún proyecto de ley ni el presidente va a expedir decreto alguno para que se vote esa propuesta en marzo”, afirmó el jefe de la cartera de Justicia. En cambio, se realizará un llamado público para que los votantes se pronuncien de forma espontánea.

 ¿Qué busca la octava papeleta?

La consulta propuesta, conocida como la “octava papeleta”, buscaría recoger el sentir popular sobre la necesidad de una nueva Asamblea Constituyente. Esta figura remite a la estrategia utilizada en 1990, durante el proceso que culminó con la redacción de la actual Constitución, cuando se incluyó una papeleta adicional no oficial para manifestar el apoyo a una nueva carta política.

En este caso, si bien la papeleta no tiene efectos jurídicos inmediatos, el Gobierno considera que puede convertirse en un punto de partida para un proceso legislativo posterior. “Si los colombianos votamos masivamente que sí a una Constituyente, le corresponderá al próximo Congreso canalizar ese mandato a través de los mecanismos jurídicos, como una ley que convoque formalmente a la Asamblea”, señaló Montealegre.

El ministro insistió en que una Asamblea Constituyente es necesaria para avanzar en cambios estructurales. Subrayó que ni el Congreso ni el referendo permitirían modificar aspectos de fondo debido a los límites que impone la Corte Constitucional. “Cuando se quiere avanzar hacia una reforma estructural de la Constitución, se necesita una Asamblea Constituyente. El referendo tiene límites incluso si es aprobado por el pueblo”, explicó.

También recalcó que las asambleas constituyentes en el mundo suelen surgir de momentos políticos significativos. En este sentido, el Gobierno espera que una participación masiva en la consulta simbólica envíe un mensaje claro al Congreso y a la Corte sobre el deseo ciudadano de transformación.

Próximos pasos

Por el momento, la propuesta de la octava papeleta es solo un llamado político. No cuenta con respaldo jurídico oficial y su desarrollo dependerá del nivel de participación y del respaldo que logre entre la ciudadanía y los actores políticos. El Gobierno ha manifestado que no buscará formalizar la convocatoria en esta etapa, sino generar un hecho político que, de prosperar, deberá ser canalizado institucionalmente por el Congreso que será elegido en las mismas elecciones.

La discusión sobre la viabilidad, legalidad y alcance de esta iniciativa se suma al debate sobre las reformas estructurales propuestas por la actual administración y su relación con los mecanismos de participación popular y cambio constitucional.