El presidente Gustavo Petro se refirió este martes a la concentración realizada el pasado sábado 21 de junio en La Alpujarra, Medellín, en la que compartió tarima con varios cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá, actualmente recluidos en la cárcel de Itagüí. Durante el Consejo de Ministros, el mandatario justificó el encuentro como parte de su propuesta de “paz urbana” y aseguró que se trató de un acto público para avanzar en acuerdos con estructuras del crimen organizado.

Según Petro, los líderes de estas bandas participaron con el fin de demostrar públicamente su disposición a pactar la paz en sus territorios de influencia. “En Medellín se subieron gente que estaba presa a mostrar en público cómo hacer un pacto de paz en los barrios”, declaró el jefe de Estado durante la transmisión oficial de la reunión con su gabinete.

El mandatario añadió que, en su visión, los internos deben ser tratados como personas en proceso de rehabilitación y no simplemente como delincuentes. Reconoció que algunos continúan delinquiendo desde las cárceles, pero advirtió que, en esos casos, se aplicarán medidas como el traslado a centros penitenciarios de máxima seguridad. “No van a usar la cárcel como capital de la delincuencia, pero la gran mayoría de los presos son personas en rehabilitación”, afirmó.

¿Qué ocurrió el 21 de junio en Medellín?

El evento tuvo lugar frente a las sedes administrativas de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. A la concentración asistieron miembros del gabinete presidencial, congresistas del Pacto Histórico y cientos de ciudadanos. La controversia surgió tras confirmarse que al acto fueron trasladados en vehículos del Inpec varios cabecillas de estructuras criminales activas en el Valle de Aburrá, quienes compartieron escenario con el presidente.

Entre los presentes estaban: José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert; y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.

Las imágenes del evento generaron una fuerte reacción por parte de sectores políticos, autoridades locales y organismos de control. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y pidió garantías para las víctimas del conflicto urbano. Además, el hecho fue objeto de un pronunciamiento desde el Parlamento Europeo, donde se solicitó información al respecto al Gobierno colombiano.

Expansión de la política de paz urbana

Durante el Consejo de Ministros, el presidente Petro anunció que su política de diálogo con estructuras criminales se extenderá a otras ciudades, empezando por Barranquilla. Señaló que el modelo implementado en Medellín busca reducir los homicidios y pacificar zonas controladas por bandas armadas, sin sacrificar el Estado de derecho.

El mandatario no especificó las condiciones jurídicas del traslado de los internos ni las autorizaciones requeridas para que personas privadas de la libertad participen en actos públicos fuera del centro penitenciario. Tampoco se han pronunciado oficialmente el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ni el Ministerio de Justicia sobre el procedimiento.

El evento en Medellín se suma a una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno Nacional en el marco de la denominada “paz total”, que contempla diálogos con actores armados ilegales en zonas urbanas y rurales del país. La controversia por la presencia de cabecillas criminales en espacios institucionales continúa generando reacciones en distintos sectores, a la espera de que se aclaren los alcances y mecanismos legales de estos acercamientos.