La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó este viernes diversas diligencias judiciales en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de la calle Ferraz en Madrid, así como en el Ministerio de Transportes, las instalaciones de Adif y la Dirección General de Carreteras, como parte de la investigación del denominado ‘caso Koldo’.

Los agentes accedieron a la sede socialista por orden del Tribunal Supremo para clonar el correo corporativo del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien se encuentra investigado por adjudicaciones presuntamente irregulares de obra pública. El magistrado instructor Leopoldo Puente autorizó estas diligencias tras formalizar la imputación de Cerdán, quien ya no goza de aforamiento después de renunciar a su escaño como diputado el pasado lunes.

Según fuentes próximas a la investigación consultadas por la agencia Efe, no se trata de registros sino de requerimientos de información. El instructor había rechazado previamente las peticiones de las acusaciones populares para registrar la sede del PSOE al considerar que sería una medida “limitativa de derechos” no útil en este momento.

En las instituciones visitadas por la UCO se buscan contratos relacionados con posibles adjudicaciones irregulares de obra pública. El juez también requirió al Ministerio de Transportes que aporte el correo del exministro José Luis Ábalos, mientras que fuentes del departamento reiteraron su “máxima disposición” para colaborar con la investigación.

El auto judicial establece un plazo de 15 días para que Adif entregue documentación sobre cinco obras adjudicadas: una en Sant Feliú de Llobregat por 59,6 millones de dólares, dos en Murcia por 183,1 y 139,6 millones respectivamente, una en Monforte (Galicia) por 1,6 millones y otra en Asturias valorada en 682.728 dólares.

La Dirección General de Carreteras debe facilitar información sobre seis adjudicaciones: una obra en Logroño por 106,5 millones de dólares, otra en Sevilla que se amplió de 82,3 a 118,5 millones, una en Asturias por 8,42 millones, otra en Úbeda sin importe precisado, una en Teruel por 6,5 millones y una en la autovía A-12 entre La Rioja y Burgos por 83,4 millones de dólares.

Estas adjudicaciones, señaladas por la UCO en su informe del 5 de junio, fueron otorgadas a las empresas Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) para proyectos en Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.

El informe de la UCO sitúa a Santos Cerdán como figura central de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública. Según los investigadores, su papel evolucionó desde una posición inicial de menor protagonismo hasta convertirse en gestor de pagos destinados a Ábalos y a Koldo García, conocido como ‘Koldo’.

Los agentes destacan “la discrecionalidad con la que se adjudicaban obras en el Ministerio de Transportes” y consideran especialmente relevante que Ábalos ordenara a Koldo “hablar con Santos antes de decidir nada”, cuando Cerdán “no ostentaba cargo alguno dentro del Gobierno”.

Según el informe policial, las contraprestaciones económicas procedentes presuntamente de Acciona y percibidas por Ábalos y Koldo, gestionadas por Cerdán, ascenderían a 714.956 dólares, aunque según criterio de Koldo quedarían pendientes de abono 518.919 dólares adicionales.

Con información de la república