La violencia en Colombia experimentó un incremento del 45% durante 2025 en comparación con el año anterior, según reveló un informe conjunto de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Vivamos Humanos y la Coordinadora Nacional Humanitaria. Este alarmante aumento coincide con el debilitamiento de los procesos de paz y el estancamiento de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y diversos grupos armados ilegales.

Laura Bonilla, subdirectora de PARES, explicó en entrevista con 6AM de Caracol Radio que el estudio trasciende los indicadores tradicionales como homicidios o desplazamientos, enfocándose en la identificación de incidentes humanitarios que frecuentemente escapan a las estadísticas oficiales.

El informe identifica a tres grupos armados como principales responsables de las acciones violentas registradas en lo que va de 2025:

Ejército de Liberación Nacional (ELN): Encabeza los desplazamientos forzados masivos y homicidios selectivos, particularmente en regiones como el Catatumbo, donde mantiene una presencia territorial significativa.

Estado Mayor Central (EMC): Ha declarado como objetivos militares a comunidades y liderazgos indígenas, intensificando su presión sobre poblaciones vulnerables en territorios estratégicos.

Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia: Lidera las estadísticas de confinamientos y amenazas directas contra la población civil, consolidando su control territorial mediante intimidación sistemática.

Bonilla advirtió que la violencia actual en Colombia no puede comprenderse desde los esquemas ideológicos tradicionales que caracterizaron conflictos anteriores.

Cada organización armada ejerce la violencia de manera diferenciada: mientras algunos combaten por control territorial, otros se concentran en mecanismos como la extorsión o el dominio de economías ilegales, incluyendo la minería aurífera y el narcotráfico.

El informe señala la persistente falta de capacidad del Estado para contener el avance de estos grupos, tanto en contextos de guerra como de paz. Las zonas sin presencia estatal continúan siendo terreno fértil para que los actores armados operen sin mayor resistencia institucional.

Bonilla dirigió una fuerte crítica al diseño de la estrategia denominada “paz total”, argumentando que incentivos mal estructurados provocaron efectos contrarios a los objetivos planteados.

“No es solo tener voluntad de paz, sino saber qué incentivos se le están dando a los grupos armados y cómo van a responder. Nos faltó estrategia, análisis, y sobre todo capacidad institucional”, señaló.

El documento enfatiza la urgencia de replantear tanto la estrategia de seguridad como los mecanismos de diálogo con grupos ilegales. Bonilla subrayó que la nueva ola de violencia no se resolverá únicamente con acciones militares ni con retórica pacifista.

“Esta guerra es distinta. Hay mucha gente, mucho dinero y muchos mercados ilegales detrás. Necesitamos un enfoque integral que combine presencia estatal efectiva, regulación económica como en la minería y una institucionalidad fuerte”, concluyó.

Con información de caracol radio