El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció este lunes que la continuidad de la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro a través de un decreto será definida por las altas cortes del país. La decisión del Gobierno, que ha generado debate jurídico y político, está ahora bajo el análisis de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y otros órganos de control.

Durante una rueda de prensa, Penagos advirtió que esta situación sin precedentes representa un riesgo para el orden democrático e institucional de Colombia. “Lo que procede ante esta controversia que no tiene precedente en la historia reciente del país es dejar en manos de las altas cortes la decisión de si continuamos o no con el trámite de esta convocatoria”, afirmó.

El registrador explicó que ha elevado formalmente una solicitud de concepto a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación. El objetivo es establecer con claridad si se cumplen los requisitos constitucionales y legales necesarios para llevar a cabo la consulta popular impulsada por el Ejecutivo.

Uno de los puntos críticos es la fecha propuesta por el presidente Petro para la realización de la consulta: el 7 de agosto, coincidiendo con el tercer aniversario de su mandato. Sin embargo, Penagos fue enfático al señalar que esa fecha no es viable desde el punto de vista logístico y operativo.

“Esta consulta requiere un proceso juicioso y ordenado. En el caso de esta consulta, serían cerca de 112.000 mesas de votación. Además, tendríamos que llevar material electoral a 67 países y a 124 consulados. La tarea de distribución es compleja y exige meses de preparación”, aseguró.

Asimismo, recordó que en el exterior la votación debe iniciarse una semana antes del día oficial, lo que implica una planificación aún más extensa. “Solo el proceso de distribución conlleva meses para que llegue oportunamente”, subrayó.

Reacción del Gobierno: acusan desacato

Desde el Ejecutivo, las primeras reacciones no se hicieron esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó duramente la postura de la Registraduría y acusó al registrador de estar desacatando el decreto presidencial. “Él es un operador logístico. No tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el Gobierno”, expresó desde el Congreso.

Esta declaración refleja el creciente choque institucional que se ha generado alrededor del mecanismo de participación ciudadana promovido por la Casa de Nariño.