El atentado perpetrado el pasado 7 de junio contra el senador Miguel Uribe en Bogotá no fue un hecho aislado. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, detrás del intento de homicidio se esconde una estructura criminal compleja, con posibles conexiones que trascienden las fronteras de Colombia y apuntan hacia organizaciones delictivas internacionales, particularmente en Ecuador.

Las autoridades han capturado hasta el momento a tres personas clave en el caso: un menor de edad que habría ejecutado el ataque, Katerine Andrea Martínez, conocida como “Gabriela”, quien habría coordinado parte de la logística, y Carlos Eduardo Mora González, conductor del vehículo que transportó al menor. Todos los indicios apuntan a un plan meticulosamente organizado, financiado y dirigido por actores criminales con experiencia en este tipo de operaciones.

Uno de los personajes que ha llamado la atención de los investigadores es alias El Costeño, un hombre que aparece en varios registros de cámaras de seguridad cerca de la escena del crimen, y que habría acompañado al joven sicario momentos antes del ataque. Con antecedentes por porte ilegal de armas y hurto agravado, se sospecha que este individuo pertenece a estructuras del crimen organizado en el Urabá antioqueño.

Pero el rastro del atentado no termina en Colombia. De acuerdo con declaraciones entregadas por uno de los capturados, El Costeño recibía órdenes directas desde Ecuador por parte de alias El Churco, presunto cabecilla de una red criminal vinculada al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023. La posible participación de esta red en el intento de asesinato de Uribe ha encendido las alertas de las autoridades, que ahora investigan si existen vínculos operativos y financieros entre ambas estructuras.

La presencia de alias El Churco en la trama refuerza la hipótesis de una operación orquestada desde el exterior, con recursos y logística internacional. El uso de menores para cometer el crimen, el pago del transporte a través de aplicaciones digitales, y la rápida dispersión de los implicados tras el hecho indican un nivel de planificación que va más allá de una retaliación local.

Durante la investigación, también se conoció que Katerine Martínez, alias Gabriela, gestionó la carrera de moto para el menor a través de una plataforma digital, utilizando su cuenta personal. El pago fue realizado por El Costeño, quien también habría coordinado la entrega del arma utilizada en el atentado. Al momento de su captura en Florencia, Caquetá, Gabriela tenía en su poder dos celulares de alta gama y un millón de pesos en efectivo.

Las autoridades colombianas trabajan ahora en estrecha colaboración con agencias de seguridad internacionales para esclarecer el papel de estas redes transnacionales. Se analizan más de mil grabaciones de cámaras de seguridad, transacciones financieras y comunicaciones digitales que podrían confirmar el vínculo entre los ejecutores del atentado y organizaciones delictivas extranjeras.

Este caso pone en evidencia cómo las redes de crimen organizado están penetrando el escenario político colombiano, utilizando métodos sofisticados y estructuras descentralizadas para ejecutar sus planes. La Fiscalía no descarta que el intento de magnicidio forme parte de una estrategia más amplia de intimidación o desestabilización, dirigida por actores con intereses políticos y económicos en la región.

El atentado fallido contra Miguel Uribe no solo dejó al descubierto una operación criminal articulada, sino que abrió la puerta a una investigación de mayor escala, en la que confluyen sicariato, redes de narcotráfico y organizaciones internacionales con capacidad de acción en varios países de América Latina.