El Decreto 0639 del 11 de junio, con el que el presidente Gustavo Petro convocó oficialmente una consulta popular, no solo desató una tormenta política por su contenido, sino también por las firmas ausentes de cuatro ministros en propiedad del gabinete presidencial. Este hecho, sin precedentes recientes, ha encendido las alarmas en la oposición, que prepara una ofensiva jurídica para frenar lo que califican como un “decretazo inconstitucional”.

Aunque el Gobierno aseguró que la medida fue expedida dentro del marco legal y antes del límite de las 12:00 de la noche, la falta de respaldo de cuatro altos funcionarios ha generado cuestionamientos sobre la unidad interna del gabinete y sobre la legitimidad del procedimiento.

 ¿Quiénes son los ministros que no firmaron?

Los cuatro ministros en propiedad que no estamparon su firma en el controvertido decreto son:

* Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores, reemplazada en la firma por la viceministra Rosa Yolanda Villavicencio.
* Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, sustituido por el presidente de la Agencia Nacional de Minería, José Luciano Sanín.
* Lena Yanina Estrada, ministra de Ambiente, suplantada por el jefe de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles, Christian Díaz.
* Eduardo Montealegre, designado ministro de Justicia, quien aún no se ha posesionado. En su lugar firmó el ministro encargado, Augusto Alfonso Ocampo.

La ausencia de las firmas de Sarabia, Palma y Estrada, quienes sí están en funciones, ha causado revuelo. Especialmente llamativa es la de Edwin Palma, quien incluso había prometido públicamente a través de su cuenta de X que firmaría el decreto y compartiría la evidencia fotográfica. La falta de su firma, sin explicación oficial, ha sido interpretada por analistas como una posible señal de desacuerdo interno dentro del Gobierno.

La oposición lanza una ofensiva legal

La oposición, liderada por el Centro Democrático, ha anunciado una batería de acciones legales contra el decreto y sus firmantes. Entre las medidas anunciadas se encuentran:

* Demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, por presunta falsa motivación y violación del artículo 104 de la Constitución.
* Denuncias penales por prevaricato contra el presidente Petro y los ministros que sí firmaron el decreto.

Uno de los más contundentes fue el senador Miguel Uribe Turbay, quien grabó un video antes del atentado del que fue víctima, anticipando acciones legales contra el Gobierno.

“El presidente ha expedido un decreto ilegal que atenta contra la democracia. Vamos a denunciarlo penalmente, al igual que a los ministros que lo firmaron. Nadie está por encima de la ley”, afirmó Uribe en su mensaje, divulgado por su equipo tras la oficialización del decreto.

Reacciones y consecuencias políticas

Desde la bancada uribista, el representante Christian Garcés también anunció acciones penales por prevaricato contra los firmantes, advirtiendo que “nadie puede pisotear la democracia impunemente”.

A su turno, Hernán Cadavid, también del Centro Democrático, reiteró que el decreto es “a todas luces ilegal” y adelantó que la oposición está lista para enfrentarlo jurídica y políticamente.

“Confiamos en que la Corte Constitucional intervenga para frenar este exceso de poder. Vamos a recibir apoyo de universidades, sociedad civil y juristas independientes. La pelea es legal, pero decisiva para el futuro de Colombia”, subrayó.

Un decreto rodeado de sombras

La firma del Decreto 0639, en condiciones apresuradas y con firmas delegadas de última hora, ha generado incertidumbre sobre la solidez institucional del Ejecutivo. Para la oposición, la ausencia de ministros clave en la firma es una prueba más de que ni siquiera dentro del gabinete existe consenso sobre la legalidad o conveniencia de la consulta popular.

El escenario político se torna cada vez más tenso, y el llamado “decretazo” podría marcar un nuevo punto de inflexión en la relación entre Gobierno y oposición, con consecuencias jurídicas y políticas de alto impacto.