La Fiscalía General de la Nación informó que tiene indicios sólidos de que Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se encontraría actualmente en Managua, Nicaragua, presuntamente evadiendo las investigaciones judiciales en su contra.

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal María Cristina Patiño reveló ante el Tribunal Superior de Bogotá que el análisis de las conexiones virtuales de la audiencia de imputación de cargos del 21 de mayo arrojó información clave sobre el paradero del exfuncionario.

Según explicó la delegada, el monitoreo de las señales IP utilizadas durante esa diligencia permitió identificar dos usuarios conectados bajo el criterio de búsqueda “Carlos”. Uno de ellos correspondía al periodista Juan Carlos Gómez Buitrago, mientras que el otro aparecía registrado como usuario anónimo.

La Fiscalía detalló que se detectó “una conexión realizada a las 9:28 de la mañana desde un teléfono celular con la IP 186.77.198.176, ubicada en la ciudad de Managua, Nicaragua, país fronterizo con Costa Rica, último lugar de destino del imputado según informó Migración Colombia”.

La conexión permaneció activa durante una hora y 29 minutos, tiempo que coincide exactamente con la duración de la audiencia de imputación de cargos. Esta sincronización temporal refuerza la hipótesis de que el usuario anónimo conectado desde territorio nicaragüense era efectivamente Carlos Ramón González.

La fiscal Patiño concluyó que “es probable que el usuario registrado en la reunión virtual como ‘usuario anónimo’, bajo el criterio de búsqueda Carlos, corresponda al ciudadano Carlos Ramón González Merchán, quien puede estar ubicado en Nicaragua y no en el norte de Bogotá, donde dijo tener su arraigo”.

El ente acusador argumentó que el comportamiento del exdirector del Dapre indica una clara intención de evadir la acción de la justicia. La delegada señaló que González abandonó el país cuando otros procesados comenzaron a ser vinculados al caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía enfatizó las limitaciones que representa la ausencia física del procesado para el desarrollo del proceso judicial. Aunque la comparecencia virtual cumple con los requisitos mínimos procesales, la fiscal explicó que “desde el punto de vista operativo y práctico impide cualquier medida coercitiva como la captura, ya que el procesado no se encuentra a disposición física del estado”.

La delegada agregó que “el acusado está presente de forma remota, pero no cuenta con presencia corporal que permita eventualmente su conducción inmediata a un centro de reclusión en caso de que así lo ordene su señoría”.

Con base en estos elementos, la Fiscalía solicitó al tribunal que González sea cobijado con medida de aseguramiento, argumentando que no cuenta con arraigo en territorio colombiano y que su comportamiento evidencia la falta de intención de regresar al país para enfrentar las investigaciones.

Paralelamente, el ente acusador investiga si el exfuncionario estaría gestionando un posible asilo político en el extranjero, lo que confirmaría las sospechas sobre su intención de permanecer fuera de Colombia para evadir las consecuencias judiciales.

Con información de bluradio y el colombiano