La eliminación del 4×1000 en Colombia, una de las promesas destacadas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta obstáculos técnicos que han retrasado su implementación. Aunque la reforma tributaria aprobada durante el primer año del mandato incluyó un artículo que apunta a la reducción del cobro de este impuesto, su aplicación sigue pendiente por la falta de un sistema unificado que permita a las entidades financieras identificar con precisión a quién se le debe cobrar y a quién no.

El artículo de la reforma tributaria no elimina completamente el 4×1000, sino que introduce un mecanismo para que solo se aplique a quienes excedan el límite mensual de 17,4 millones de pesos en transacciones financieras. Para lograrlo, se requiere que bancos, cooperativas y otras instituciones financieras implementen un sistema de intercambio automático de información que permita consolidar los movimientos financieros de cada usuario.

Sistema unificado, el gran pendiente

Más de seis meses después del plazo inicial para la puesta en marcha del sistema, el mecanismo aún no ha sido implementado. Como consecuencia, el cobro del impuesto sigue aplicándose sin distinción a todos los usuarios, tal como se ha hecho desde su creación.

El principal obstáculo radica en la falta de un acuerdo entre los proveedores tecnológicos seleccionados por las distintas entidades del sistema financiero. Mientras los bancos han optado por un proveedor, algunas cooperativas y fondos de empleados han elegido otro, lo que ha dificultado la interoperabilidad entre plataformas.

“Hay dos proveedores y no se han puesto de acuerdo. Y yo no puedo hacer nada más”, expresó el superintendente financiero, César Ferrari, al referirse a la situación actual.

El papel de las entidades financieras

Por su parte, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, aseguró que los bancos ya están preparados para reportar la información requerida, pero que el proceso depende de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cuente con la capacidad técnica para recibir datos no solo de los bancos, sino también de cooperativas, fondos de empleados y otras instituciones del sector financiero.

“Entre las entidades financieras estamos listos para hacer ese reporte. Todos los bancos están listos, pero la administración tributaria debe tener la información de todas las instituciones, no solo de los bancos”, explicó Malagón.

De acuerdo con la ley, mientras no esté en funcionamiento el sistema de cruce de información, la exención del 4×1000 no será efectiva. En consecuencia, todas las entidades están obligadas a continuar con el cobro del impuesto de manera habitual.

Este impuesto, también conocido como Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), se implementó en Colombia en 1998 como una medida temporal para enfrentar una crisis financiera, pero ha permanecido vigente por más de dos décadas. A lo largo de los años ha sido objeto de críticas tanto por parte de los ciudadanos como de algunos sectores económicos, quienes lo consideran regresivo y perjudicial para el uso del sistema bancario.

¿Qué sigue para el 4×1000?

La implementación efectiva del nuevo esquema requiere que los actores del sistema financiero y las autoridades tributarias lleguen a un acuerdo técnico para consolidar la información de manera segura y eficiente. Mientras no se supere este escollo, los contribuyentes deberán seguir asumiendo el cobro del 4×1000 en sus transacciones, incluso si no superan el tope establecido por la norma.

La demora en el desmonte parcial del 4×1000 pone en evidencia los retos tecnológicos y de coordinación institucional que enfrenta el país en su intento por modernizar la gestión tributaria y hacer más equitativo el sistema impositivo. Asimismo, reabre el debate sobre la viabilidad de eliminar o reducir impuestos sin contar con una infraestructura tecnológica adecuada para su implementación.