La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, emitió un comunicado oficial rechazando la orden de captura internacional dictada por la justicia guatemalteca en su contra, argumentando que cuenta con inmunidad diplomática por su trabajo previo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El pasado lunes 2 de junio, un tribunal guatemalteco ordenó la captura internacional de Camargo Garzón y del actual embajador de Colombia ante la Santa Sede, Iván Velásquez Gómez, por presuntos vínculos con el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. La Fiscalía guatemalteca solicitó además la activación de la alerta roja de Interpol para permitir su localización.

Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y colusión, relacionados con supuestas acciones que habrían favorecido ilegalmente a Odebrecht durante el período en que ambos funcionarios trabajaron para la CICIG entre 2014 y 2019.

En su respuesta, la fiscal general colombiana argumenta que la decisión judicial “constituye una flagrante violación” del acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala para la creación de la CICIG, firmado en Nueva York el 12 de diciembre de 2006.

Camargo Garzón cita específicamente el artículo 10 de dicho acuerdo, que establece que el comisionado y el personal internacional de la CICIG “tendrán inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa” conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Esta inmunidad incluye protección contra arrestos y acciones judiciales por actos realizados durante el desempeño de la misión, “incluso después de que la comitiva haya dejado de prestar servicios a la CICIG”.

La fiscal general contextualiza la situación dentro de los esfuerzos actuales de Colombia para combatir el crimen organizado internacional. Durante la Trigésima Segunda Asamblea General de la Organización Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), Colombia firmó convenios de cooperación con Chile, Paraguay, Bolivia y Panamá, además de mantener colaboración con España, Portugal, Andorra, Italia, Países Bajos, Serbia y Albania.

Camargo Garzón caracteriza la orden guatemalteca como parte de un “contraataque sin precedentes” contra funcionarios que luchan contra la corrupción y el crimen organizado, tanto dentro como fuera del país.

El comunicado hace referencia a las declaraciones de Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados, quien expresó “graves preocupaciones institucionales” sobre el liderazgo de la fiscalía general de Guatemala desde 2018.

Según Satterthwaite, existe un patrón preocupante de utilización del derecho penal para intimidar a defensores de derechos humanos y combatientes contra la corrupción, incluyendo más de 60 operadores de justicia, periodistas y líderes sociales acusados de diversos delitos con base en “hechos muy gaseosos”.

La Fiscal General defiende el trabajo realizado durante la investigación de Odebrecht en Guatemala, señalando que las acciones cuestionadas, como “cruzar correos o asistir a reuniones” sobre términos de colaboración eficaz, fueron fundamentales para obtener información sobre los receptores de sobornos y lograr que la multinacional reconociera una indemnización de 16.5 millones de dólares al Estado guatemalteco.

Camargo Garzón concluye su comunicado haciendo “un llamado a la sensatez” y al respeto por los compromisos internacionales, advirtiendo sobre la criminalización de personas que luchan contra la corrupción, fenómeno ya alertado por la relatora especial de la ONU.

La orden de captura no podrá ejecutarse según el comunicado, dado que el gobierno guatemalteco rechazó la petición de su propio Ministerio Público, además de la inmunidad internacional que ampara a la funcionaria colombiana.