TransMilenio interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), tras sus declaraciones en un cabildo abierto en la Plaza de Bolívar, en las que reconoció que los bloqueos al sistema de transporte masivo hicieron parte del plan del paro nacional de 48 horas que se llevó a cabo en la capital.

Durante su intervención ante aproximadamente 100 personas, Arias señaló: “Estos dos días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos, derivado de las apreciaciones de diversos compañeros en las diversas localidades que lograron realizar bloqueando el transporte masivo de TransMilenio, que era una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional”.

La alcaldía de Bogotá, encabezada por Carlos Fernando Galán, reaccionó de manera inmediata y anunció acciones legales, argumentando que más de 2 millones de usuarios resultaron afectados por los bloqueos, desvíos y actos de vandalismo ocurridos el miércoles durante las jornadas de protesta.

La denuncia fue presentada por delitos como instigación a delinquir, daño en bien ajeno agravado en servicio de transporte público y obstrucción a vías públicas, según indicó TransMilenio en un comunicado oficial. La empresa también resaltó que “por las manifestaciones, les fue negado a muchos ciudadanos su derecho a movilizarse libremente en la ciudad para acudir a sus lugares de trabajo, citas médicas y establecimientos educativos”.

La polémica se intensificó luego de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, desde Barranquilla, criticara públicamente al alcalde Galán por anunciar la denuncia contra Arias. El ministro expresó su respaldo al líder sindical y sugirió que las prioridades del gobierno distrital deberían centrarse en enfrentar la creciente inseguridad en Bogotá.

“Considero que más bien priorice la persecución de delincuentes y estructuras criminales que tienen vuelta nada la seguridad de la capital de la república, en vez de gastar esfuerzos persiguiendo al movimiento sindical”, declaró Sanguino a medios de comunicación.

El caso genera tensiones entre el gobierno nacional, los sindicatos y la administración distrital, mientras persiste el debate sobre los límites del derecho a la protesta y la afectación a servicios esenciales como el transporte público en ciudades como Bogotá.