En medio del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fiscalía General de la Nación negó recientemente un principio de oportunidad a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. Esta decisión ha generado controversia debido a la aparición de documentos internos que ponen en duda la supuesta independencia con la que se estaría manejando el proceso.

Ortiz ofreció colaborar con la justicia mediante una matriz de cooperación en la que salpicaba a funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro, incluido el exministro Ricardo Bonilla. No obstante, la Fiscalía rechazó este beneficio legal, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la imparcialidad del ente acusador, especialmente hacia la fiscal general Luz Adriana Camargo.

Uno de los elementos más reveladores es un documento emitido por Juana Marcela Cárdenas, jefa del Departamento de Protección y Asistencia de la Fiscalía. En él se señala que la autorización para conceder un principio de oportunidad a Ortiz debía pasar directamente por la fiscal general, lo que contradice las declaraciones públicas de Camargo, quien ha asegurado que las decisiones son tomadas por los fiscales delegados de forma autónoma.

Además, en el mismo documento se niega la protección a las hijas de Ortiz, al argumentar que no cumplen con el perfil de riesgo requerido. Sin embargo, la inclusión de la fiscal general como filtro obligatorio en la aprobación del beneficio jurídico expone una posible injerencia directa en el proceso judicial.

Conversaciones internas y otros registros a los que tuvo acceso Semana refuerzan la idea de que Camargo mantiene un rol activo en decisiones claves del caso. Esta situación ha motivado la presentación de recusaciones por parte de la Red de Veedurías Ciudadanas, que elevó su queja ante la Corte Suprema de Justicia, señalando falta de garantías procesales para Ortiz.

La polémica se intensifica por la posible cercanía personal entre Camargo y Vladimir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional y exsecretario jurídico de la Presidencia, señalado por Ortiz como presunto receptor de pagos para influir en nombramientos judiciales. Camargo habría recibido su respaldo durante su elección como fiscal general.

Ante los cuestionamientos, Camargo respondió el 13 de mayo mediante un documento de siete páginas, en el que negó cualquier interferencia en el caso y reiteró que la fiscal María Cristina Patiño, delegada ante la Corte Suprema, lidera la investigación de forma independiente.

Este caso continúa generando debate en el país, tanto por el manejo judicial como por las implicaciones políticas que podrían derivarse del testimonio de Sandra Ortiz.