La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó sobre la existencia de una nueva ruta de migración inversa que opera a través del océano Pacífico, donde personas provenientes de Centroamerica que no lograron llegar a Estados Unidos son transportadas desde Panamá hacia territorio colombiano sin garantías ni registro oficial.

Según el informe presentado este jueves desde Quibdó, la institución realizó trabajo de campo durante una semana en la frontera colombo-panameña, donde constató que migrantes de todas las edades están siendo trasladados por redes de transporte desde el corregimiento Jaqué, en la provincia panameña del Darién, hasta los municipios chocoanos de Juradó y Bahía Solano.

Abandono en territorios sin control migratorio

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que, aunque las redes prometen transportar a los migrantes hasta Buenaventura en el Valle del Cauca, en realidad los abandonan en Juradó y Ciudad Mutis, cabecera municipal de Bahía Solano. También son trasladados hasta El Valle, otro corregimiento de Bahía Solano donde no existe control migratorio.

“Encontramos que niñas y niños vienen con personas adultas que no son sus padres, pero tampoco familiares, además de que no tienen identificación”, manifestó Marín Ortiz. La funcionaria destacó que esta situación pone en riesgo la integridad de los menores de edad, quienes llegan sin permisos de ingreso y salida.

Los migrantes que llegan a través de esta ruta enfrentan múltiples peligros en el departamento del Chocó, donde grupos armados ilegales ejercen control territorial y social. La situación se agrava para personas con discapacidad que tienen dificultades de movilidad y aquellas que no hablan español.

Diariamente llegan entre 20 y 40 personas migrantes a Juradó, quienes se alojan en hostales, duermen en andenes o en el parque principal del municipio. La Defensoría subrayó que ni Juradó ni Bahía Solano cuentan con la capacidad institucional necesaria para atender este flujo migratorio, lo que podría derivar en una crisis humanitaria.
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Marín Ortiz explicó que esta nueva ruta migratoria no existía previamente, por lo que todos los esfuerzos y capacidades estatales estaban concentrados en el lado del mar Caribe. “En consecuencia, la institucionalidad colombiana en su conjunto debe poner en marcha planes y acciones que atiendan a la población migrante cuanto antes”, señaló.

La Defensora hizo un llamado urgente para implementar medidas humanitarias que contribuyan a atender la situación actual y prevenir una escalada de la crisis. También extendió su solicitud al gobierno panameño para mejorar los controles migratorios en su territorio.

Este hallazgo se enmarca en el seguimiento a la Alerta Temprana Binacional Colombia-Panamá 001 de 2023, que aplica para los distritos de Pinagona y Chepigana y las comarcas Emberá Wounan y Guna Yala en la provincia panameña del Darién.

La Defensoría enfatizó la necesidad de que ambos países trabajen coordinadamente para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores que transitan por esta nueva ruta migratoria.

Con información de Defensoría del Pueblo