El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 572 de 2025, mediante el cual se incrementan las tarifas de retención en la fuente para diversas actividades económicas. Esta medida, que busca reforzar el recaudo tributario durante el presente año, implica que las empresas deberán asumir un mayor pago anticipado del impuesto sobre la renta.

¿Qué implica el Decreto 572 de 2025?

La nueva normativa establece un alza en las tarifas de retención en la fuente, afectando directamente el flujo de caja de empresas de múltiples sectores económicos. Según el Gobierno, el objetivo es cerrar la brecha entre el recaudo proyectado y el recaudo efectivo, dado que se han identificado diferencias significativas entre lo que se espera ingresar y lo que realmente se percibe.

En el decreto se aclara que este aumento no significa un incremento en la carga tributaria final de los contribuyentes, ya que estos mayores anticipos realizados en 2025 se compensarán con menores pagos en el año 2026. Sin embargo, el impacto inmediato sobre la liquidez empresarial ha generado una fuerte reacción en distintos gremios y analistas económicos.

Reacciones del sector privado

Desde que el proyecto de decreto fue publicado para comentarios públicos, recibió múltiples críticas por parte de gremios empresariales y expertos tributarios. La principal preocupación es que la medida reduce la capacidad de maniobra financiera de las empresas, al adelantar pagos que podrían comprometer su operación y su capacidad de inversión.

Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, calificó el decreto como una “expropiación de la caja empresarial”, advirtiendo que los mayores anticipos afectarían el precio de los alimentos y otros bienes debido al impacto en los costos de producción, transporte y comercialización.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), expresó que la norma representa un riesgo para la productividad nacional. “Les mostramos las cuentas y les demostramos cómo les quitaban 6 billones de pesos a las organizaciones que producen en Colombia y generan empleo. Bueno, ahí está el decreto que materializa esa inmensa angustia que teníamos y la vuelve una realidad absurda”, señaló.

José Ignacio López, presidente de ANIF, también se pronunció alertando que, si bien la medida puede aliviar temporalmente el problema de caja del Gobierno, traerá consecuencias en el mediano plazo. “Una mala calibración puede afectar la liquidez y la estabilidad financiera de las empresas”, dijo.

Proyecciones de recaudo y efectos fiscales

El Ministerio de Hacienda estima que con la entrada en vigor del Decreto 572 de 2025 se logrará un incremento en el recaudo fiscal de entre 6 y 6,5 billones de pesos este año. No obstante, entidades como Fedesarrollo advierten que el efecto es meramente transitorio, ya que estos ingresos adicionales anticipados podrían representar un vacío similar en las arcas públicas para el año 2026, cuando los contribuyentes ya habrán adelantado buena parte de sus obligaciones.

Vale recordar que una situación similar ocurrió en 2023, cuando un aumento en las retenciones afectó el cumplimiento de las metas de recaudo fiscal en 2024, debido a una disminución en los pagos anticipados de los contribuyentes.

¿Desde cuándo aplica el nuevo régimen?

Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse desde esta misma semana, afectando a quienes deban declarar retenciones y autorretenciones. Esto incluye sectores como comercio, servicios profesionales, transporte, agroindustria, entre otros.

El Decreto 572 de 2025 se suma a otras medidas del Ejecutivo orientadas a mejorar la salud fiscal del Estado, en un contexto de creciente necesidad de ingresos públicos para financiar programas sociales, infraestructura y otros compromisos del plan de gobierno.