El Tribunal Administrativo de La Guajira ordenó que, en menos de un mes, se realice la caracterización de las comunidades indígenas y afrodescendientes que podrían verse afectadas por la exploración, explotación y construcción de un gasoducto dentro del proyecto Sirius 2. Esta medida aplica en los municipios de Dibulla, Riohacha, Uribia y Manaure.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, deberá coordinar el proceso con las empresas Ecopetrol y Petrobras. La decisión judicial implica escuchar a cerca de 500 comunidades para determinar su relación con el mar y los posibles impactos del proyecto en su territorio.

Este fallo en segunda instancia revoca una sentencia anterior del Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha, que había negado la tutela sobre los derechos fundamentales a la consulta previa y el debido proceso.

Pablo Segundo Ojeda, abogado de las fundaciones indígenas y afrodescendientes que presentaron la acción legal, enfatizó la importancia de este fallo. “Para estas comunidades, el mar no es solo una fuente de alimentación o trabajo; es parte de su territorio espiritual y ancestral. No requiere estar poblado para ser considerado suyo”, señaló.

Entre las organizaciones que respaldaron la tutela se encuentran la Fundación Woumain Wajira, Jóvenes para el Progreso y Desarrollo Social, y Afrodescendientes Proyectando Futuro. Los accionantes sostienen que el pozo Sirius 2, ubicado cerca de Palomino (Dibulla), está más próximo a comunidades guajiras que a las del departamento de Magdalena, donde hasta ahora se ha concentrado la interlocución institucional.

El fallo establece que el Ministerio del Interior debe conformar equipos interdisciplinarios con expertos en geografía, antropología y arqueología. Estos especialistas viajarán a los municipios afectados para caracterizar a las comunidades y evaluar su relación con el mar. El proceso incluirá mesas de verificación participativas con líderes indígenas, autoridades tradicionales, consejos comunitarios y asociaciones de pescadores.

Una vez completada esta fase, el Ministerio deberá emitir un acto administrativo que determine la procedencia de la consulta previa, un requisito obligatorio antes de cualquier trámite de licencia ambiental.

El fallo ha sido recibido con satisfacción por las comunidades, que durante años han denunciado su exclusión en la toma de decisiones sobre proyectos que afectan sus territorios. “Este fallo reconoce que existimos, que vivimos del mar y que tenemos derecho a ser consultados. Es un paso histórico para que La Guajira no siga siendo marginada”, expresaron líderes comunitarios.

Con información de caracol radio