En una rueda de prensa en el Congreso, el ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que, si el Senado no se pronuncia antes del 1 de junio sobre la primera consulta popular radicada por el Gobierno, el presidente Gustavo Petro procederá a convocarla por decreto.

Según Benedetti, el Senado aún no ha emitido una definición clara sobre la solicitud, a pesar de que se dio por archivada en la votación del pasado 14 de mayo. Sin embargo, el ministro argumenta que se habría violado el artículo 125 de la Ley Quinta, el cual establece que antes de cualquier votación debe realizarse la lectura de la proposición correspondiente.

Para sustentar su afirmación, Benedetti presentó un video donde se evidenciaría que el secretario general del Senado, Diego González, presuntamente no leyó la proposición antes de la votación. “Si no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el Gobierno de Gustavo Petro convocará la consulta popular. La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego entonces, el Senado no se pronunció”, declaró el ministro.

Ante esta situación, La W consultó a la mesa directiva del Senado, quienes en un primer momento aseguraron que la teoría de Benedetti no es correcta, aunque se espera el pronunciamiento oficial de la Secretaría General.

En medio de la controversia, el Gobierno volvió a presentar el pasado lunes el texto actualizado de la consulta popular con 16 preguntas ante el Senado, luego de reconocer un posible error en la radicación anterior, realizada el 19 de mayo.

Inicialmente, la solicitud fue presentada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en calidad de delegatario de funciones presidenciales. No obstante, se habría cuestionado si tenía la facultad legal otorgada por el artículo 104 de la Constitución para radicar consultas populares.

El nuevo texto enfatiza que Jaramillo actuó bajo instrucciones expresas del presidente Petro, pero que la situación generó debates jurídicos y políticos que podrían obstaculizar el avance democrático. Para evitar dudas, el mandatario corrigió el procedimiento y formalizó personalmente la solicitud, manifestando su intención de obtener un concepto previo y favorable del Senado para la realización de la consulta.

Se espera que en los próximos días el Senado defina si acepta o rechaza la solicitud, lo que determinará si el Ejecutivo procede con la convocatoria mediante decreto.

Con información de wradio