El Congreso de la República divulgó la ponencia alternativa de reforma laboral presentada por la senadora del Pacto Histórico, Aida Avella, que incluye medidas para fortalecer la protección de mujeres trabajadoras, promover contratos indefinidos y establecer nuevos marcos para despidos con justa causa.

La iniciativa propone medidas orientadas a la protección especial de las mujeres trabajadoras y la garantía de derechos laborales para campesinos del sector agrario. Según la ponencia, estas disposiciones buscan cerrar brechas históricas bajo los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), particularmente aquellos que promueven equidad y justicia en el ámbito rural.

Uno de los ejes centrales establece el contrato a término indefinido como forma principal de vinculación laboral. La ponencia reconoce otras modalidades contractuales, pero plantea que el contrato indefinido debe ser la norma “con el objetivo de promover la estabilidad en el empleo”.

Para los contratos a término fijo, se establecen límites claros: solo podrán celebrarse por un periodo máximo de dos años, deberán constar por escrito y especificar las necesidades que justifican su celebración. El incumplimiento de estos requisitos presumirá el contrato como indefinido.

Los contratos por obra o labor se extenderán únicamente durante el tiempo que dure la actividad específica. Si el trabajador continúa prestando servicios tras finalizar la obra, se entenderá que existe una relación laboral bajo modalidad indefinida.

La ponencia establece indemnizaciones específicas según el tipo de contrato. En contratos a término fijo, corresponderá a los días faltantes para cumplir los plazos estipulados, con un mínimo de 45 días de salario.

Para contratos por obra o labor, la indemnización correspondería al tiempo faltante para completar la obra contratada. En contratos indefinidos, se pagarían 45 días de salario para trabajadores con menos de un año de antigüedad, más 45 días adicionales por cada año trabajado para quienes superen este periodo.

La jornada nocturna se establecería desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana, manteniendo ocho horas diarias y 42 semanales como límite. La remuneración por trabajo dominical tendría un recargo del 100% sobre el salario ordinario, implementado gradualmente: 80% desde julio de 2025, 90% desde julio de 2026 y 100% desde julio de 2027.

En la etapa lectiva, los aprendices recibirían 60% del salario mínimo mensual vigente, mientras que en la etapa práctica deberían recibir salario completo. Los estudiantes universitarios solo podrían suscribir contratos en etapa práctica, excepto en programas de modalidad dual.

Para trabajadores de plataformas de reparto, se establece seguridad social obligatoria con aportes del 60% por parte de la empresa y 40% del trabajador. Las empresas deberán garantizar cobertura de materiales de riesgo laboral y reportar mensualmente estos datos.

Las empresas que deseen abandonar actividades o cambiar operaciones deberán establecer mesas tripartitas con el Estado y sociedad civil para dialogar sobre derechos de reubicación, reconversión laboral, diversificación productiva y protección frente al desempleo.

Los planes incluirán identificación del número de trabajadores directos e indirectos afectados, posibilidades de reubicación laboral e iniciativas concretas de reconversión y capacitación para nuevas formas de trabajo.

La propuesta elimina el artículo de reubicación de personas amparadas, que otorgaba a trabajadores con discapacidad el derecho a ser reubicados en cargos acordes con su estado de salud.

La ponencia alternativa de la senadora Avella representa una propuesta integral que busca modernizar las relaciones laborales en Colombia, estableciendo nuevos marcos de protección y estabilidad para los trabajadores del país.

 

 

Con información de la república