La reforma laboral en Colombia, impulsada por el Gobierno Nacional con la promesa de mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores, se encuentra nuevamente en riesgo de hundirse. A tan solo tres semanas hábiles del cierre del periodo legislativo ordinario del Congreso, la iniciativa enfrenta serios obstáculos políticos, divisiones internas y enfrentamientos entre ponencias que complican su avance.

Según fuentes legislativas , el proyecto de ley ha entrado en un limbo legislativo que pone en duda su continuidad. Pese a que se esperaba que este lunes 26 de mayo iniciara el tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado o al menos se radicara una ponencia unificada, ninguno de estos escenarios se materializó.

En lugar de una discusión consensuada, emergieron fuertes críticas al borrador promovido por la bancada de la senadora Angélica Lozano, presidenta de dicha comisión. Como respuesta, el Pacto Histórico, bloque parlamentario afín al Gobierno, presentó una ponencia alternativa que dista considerablemente del texto mayoritario, frenando el impulso técnico que se preveía.

El tiempo corre en contra de la reforma

De acuerdo con el reglamento del Congreso, la reforma laboral debe ser aprobada en tercer debate en la Comisión Cuarta, pasar a un cuarto debate en plenaria del Senado y finalmente conciliarse con el texto aprobado previamente en la Cámara de Representantes antes del 20 de junio. De no cumplir con este calendario, el proyecto se archivará por tercera vez.

El cambio de ruta legislativa, que llevó el proyecto de la Comisión Séptima del Senado a la Comisión Cuarta, ha sido señalado por algunos congresistas, como Antonio Correa, como una maniobra que dificulta su aprobación. La Comisión Cuarta tiene un enfoque más técnico y fiscal, lo que representa un reto adicional para una iniciativa de corte social y laboral.

Presidente Petro denuncia “contrarreforma”

En medio del estancamiento legislativo, el presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con los cambios introducidos en la ponencia mayoritaria. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario aseguró que el nuevo texto elimina garantías clave para los trabajadores, como los recargos nocturnos, salarios en festivos y estabilidad laboral para jóvenes.

“En la Comisión IV de Angélica Lozano excluyen al 80% de los trabajadores de los recargos nocturnos, se van contra la mujer, quitan salarios en días festivos, no permiten el contrato laboral para los jóvenes. Toda una contrarreforma”, señaló el jefe de Estado.

Estas afirmaciones han sido respaldadas por varios voceros sindicales y miembros del Ejecutivo, quienes acusan que el nuevo texto no solo diluye el proyecto original, sino que revierte avances logrados en los primeros dos debates.

Cambios polémicos y división sindical

Entre los cambios más cuestionados se encuentra la limitación del pago de recargos nocturnos a trabajadores de grandes empresas, retrasando su inicio hasta las 7:00 p.m.; la eliminación de la licencia de paternidad extendida; y la permanencia del contrato de aprendizaje como una figura no laboral. También se flexibiliza el contrato indefinido, permitiendo contrataciones a término fijo de hasta cinco años.

Estos ajustes provocaron una fractura en el consenso sindical. Las centrales CUT y CGT, que inicialmente respaldaron la reforma, anunciaron su retiro del apoyo a través de una carta conjunta. En ella, afirman que el nuevo texto “introduce medidas regresivas” y acusan a la Comisión Cuarta de legislar “en contra de los trabajadores”.

Ponencias enfrentadas y posibilidad de consulta popular

En medio del panorama de incertidumbre, el bloque de Gobierno presentó una ponencia alternativa liderada por la senadora Aída Avella. Esta busca reincorporar puntos excluidos previamente, como la eliminación del contrato sindical, la ampliación de licencias laborales y la protección reforzada a trabajadores vulnerables.

La posibilidad de que surja una tercera ponencia también ha sido considerada, ante la falta de mayorías claras y los desacuerdos entre sectores liberales, verdes e independientes.

Ante este escenario, el Gobierno ha revivido la opción de impulsar una consulta popular si el Congreso no logra aprobar la reforma. No obstante, este mecanismo enfrenta complejidades jurídicas y logísticas, incluyendo la aprobación de la Corte Constitucional y una alta participación ciudadana. Pese a ello, para el Ejecutivo se trata de una alternativa simbólicamente poderosa.