Un grupo de organizaciones del sector salud presentó una propuesta metodológica de 10 puntos para abordar la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano, con el objetivo de cumplir las órdenes de la Corte Constitucional y garantizar la atención médica a los pacientes.

La propuesta cuenta con el apoyo de entidades representativas del sector, incluyendo Acemi, Asocajas, Andi, Unips, la Mesa Nacional de Usuarios, Pacientes Colombia y Fecoer.

El núcleo de la propuesta se centra en la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), componente fundamental en la financiación del sistema de salud colombiano. La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud revisar y ajustar este mecanismo para garantizar su suficiencia y sostenibilidad financiera.

La UPC determina el monto de recursos que reciben las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado, constituyendo la base del financiamiento para la prestación de servicios médicos en el país.

Entre los puntos destacados de la propuesta metodológica se incluyen:

La implementación de una metodología de resolución de conflictos que permita abordar las diferencias técnicas entre los actores del sistema. También contempla la inclusión de un mediador independiente para facilitar los procesos de negociación y acuerdo entre las partes involucradas.

La iniciativa establece la trazabilidad de la información aportada por todos los participantes en las discusiones técnicas, garantizando transparencia en el proceso. Adicionalmente, propone la conformación equilibrada de las mesas técnicas para asegurar representación adecuada de todos los sectores.

Un aspecto central es el ajuste de la UPC desde 2021 y la formulación de una metodología para su cálculo en períodos futuros, buscando establecer parámetros técnicos sólidos y sostenibles.

La propuesta busca establecer un mecanismo institucional que permita estabilizar el sistema de salud y garantizar la atención oportuna a los pacientes. Este enfoque pretende generar certidumbre normativa y operativa para todos los actores involucrados en la prestación de servicios médicos.

Según las disposiciones de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud cuenta con un plazo de 30 días hábiles para presentar la metodología solicitada y convocar nuevamente a las mesas técnicas de revisión de la UPC.

Este cronograma establece un marco temporal definido para avanzar en la solución de los problemas identificados y generar consensos técnicos entre los diferentes actores del sistema.

Con información de wradio