La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín Ortiz, sostuvo un encuentro con representantes del sector hospitalario para abordar la crítica situación financiera que atraviesan hospitales públicos y privados en Colombia. La reunión, que contó con la participación de más de 15 gerentes hospitalarios y los tres principales gremios del sector, expuso las graves dificultades que enfrentan estas instituciones para operar y garantizar el derecho a la salud.

Durante el diálogo, los asistentes señalaron que muchos hospitales se encuentran al borde del colapso operativo debido a retrasos en los pagos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), situación que ha derivado en deudas crecientes con proveedores, dificultades para pagar salarios, honorarios y seguridad social a los trabajadores de la salud, así como cierres temporales o definitivos de servicios y camas hospitalarias.

Esta problemática afecta de manera directa la continuidad y calidad de la atención en diferentes regiones del país, particularmente en aquellas zonas con barreras geográficas o dificultades de transporte, donde el acceso a los servicios de salud ya es limitado.

Problemas estructurales en el sistema de salud

Entre los principales factores que, según los gremios hospitalarios, están comprometiendo la viabilidad del sistema hospitalario en Colombia, se destacaron los siguientes puntos:

1. Retraso en recursos girados por las EPS: La mora en los pagos agrava la situación financiera de hospitales y clínicas, impidiendo el cumplimiento de obligaciones laborales y contractuales.

2. Restricciones en el uso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC): Los recursos de la UPC no pueden utilizarse para cubrir deudas de vigencias anteriores, lo que limita la maniobrabilidad financiera de las instituciones.

3. Nuevas exigencias tecnológicas y dificultades en facturación: La implementación de requisitos informáticos complejos ha ralentizado la facturación y afectado el flujo de caja, esencial para la operación cotidiana.

4. Intervenciones y liquidación de EPS: Según los participantes, este es el factor más crítico. La intervención o cierre de entidades promotoras de salud ha evidenciado deficiencias administrativas, retrasado pagos y afectado el reconocimiento de carteras pendientes, lo que genera incertidumbre financiera.

Impacto en la atención y la salud de la población

Los gerentes hospitalarios alertaron que las condiciones actuales podrían poner en riesgo la vida de pacientes, especialmente niños, niñas y personas en situación crítica, si no se implementan medidas urgentes. Señalaron que la combinación de trabas administrativas y falta de recursos financieros está afectando directamente la oportunidad en la atención, sobre todo en lugares apartados del territorio nacional.

Ante este panorama, la Defensora del Pueblo reafirmó su compromiso de mantener canales de diálogo abiertos con todos los actores del sistema de salud, con el objetivo de encontrar soluciones estructurales que permitan salvaguardar el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.

La Defensoría enfatizó la necesidad de establecer mecanismos que aseguren el flujo oportuno de recursos, promuevan la eficiencia administrativa y eviten la interrupción de los servicios médicos, clave para garantizar una atención digna y continua.