La Corte Constitucional de Colombia negó la solicitud del ministro de Justicia encargado, Augusto Ocampo, de aplazar una mesa de trabajo interinstitucional programada para el lunes 19 de mayo, destinada a abordar la crisis humanitaria en los centros de detención transitoria, especialmente en lo relacionado con el suministro de alimentación a la población privada de la libertad.

En un comunicado emitido el mismo viernes 16 de mayo, la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario del alto tribunal advirtió que no existen razones válidas para posponer el encuentro, subrayando el inminente riesgo de desnutrición y posibles fallecimientos debido a la falta de alimentación adecuada en los centros carcelarios.

“La omisión en la provisión oportuna de este insumo esencial -la alimentación- puede dar lugar a consecuencias irreparables, como desnutrición, brotes epidemiológicos y fallecimientos”, indicó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional.

El Ministerio de Justicia había argumentado la necesidad de aplazamiento debido a la renuncia de la ministra titular, Ángela María Buitrago, y la llegada reciente de Augusto Ocampo, quien solicitó más tiempo para conocer los antecedentes del problema. Sin embargo, la Corte fue enfática en señalar que la labor judicial no puede supeditarse a los tiempos administrativos del Gobierno, especialmente cuando está en juego la integridad y la vida de personas en situación de vulnerabilidad.

En su pronunciamiento, el tribunal recalcó que otras entidades convocadas a la mesa de trabajo, como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Procuraduría General de la Nación, confirmaron su asistencia, por lo que reiteró la obligatoriedad de mantener la reunión en la fecha, hora y lugar previamente establecidos.

El llamado urgente de la Corte se produce en medio de una crisis humanitaria que ha alcanzado niveles críticos, con denuncias de desnutrición, brotes epidemiológicos y condiciones insalubres en varios centros de detención transitoria del país. En su respuesta, el alto tribunal instó al Gobierno a tomar acciones inmediatas y efectivas para mitigar la situación, evitando así la violación masiva e irreparable de derechos humanos entre la población reclusa.