La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco integrantes y nueve exintegrantes del Ejército Nacional, señalados de participar en una contratación irregular en el dispensario de las Fuerzas Militares en Bucaramanga (Santander). Los hechos se habrían registrado entre 2017 y 2022.

De acuerdo con la investigación, estas personas habrían autorizado la celebración de seis contratos por un valor de 345.181.200 pesos con Daisy Carolina Sosa Hernández, contratada para prestar servicios como anestesióloga en las salas de cirugía del establecimiento médico. Sin embargo, las pruebas recabadas por la Fiscalía revelan que Sosa Hernández no era especialista en el área y habría presentado documentación falsa para acreditar su idoneidad profesional.

La Fiscalía señaló que la contratista no figuraba en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), un requisito indispensable para ejercer la anestesiología en Colombia. A pesar de ello, los contratos avanzaron, presuntamente violando los principios contractuales y poniendo en riesgo la prestación del servicio médico.

Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Santander imputó a los señalados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y uso de documento falso. Ninguno de los implicados aceptó los cargos.

Entre los investigados se encuentran los tenientes coroneles Edwin Alejandro Zaraza y Claudia Carolina Ramírez Murillo, el mayor Belisario Zea Quintero, los sargentos Julieth Pauline Aza Rojas y Carlos Javier García, y los exintegrantes del Ejército Eddy Piedad González, Jenny Paola Figueroa, Wilson Lenny Pinto Morales, Francisco Javier Castaño, Óscar Humberto Silva, Carlos Iván Ceballos, Édgar Alfredo Martínez y Jaime Alberto López.

La Fiscalía indicó que el caso sigue bajo investigación para esclarecer la presunta red de corrupción y determinar si existen más personas involucradas en la contratación irregular.