Las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), son el eje central del proceso judicial que llevó a la Corte Suprema de Justicia a ordenar la captura de los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas. Sin embargo, la magistrada Cristina Lombana advirtió sobre presuntos “vicios” en las pruebas que sustentaron la decisión.

En un salvamento parcial de voto, Lombana afirmó que los testimonios de López y Pinilla estarían “viciados por su ilicitud” y “no cumplen con los requisitos legales para ser valorados como prueba”. Según la magistrada, las declaraciones fueron obtenidas durante negociaciones inconclusas de principios de oportunidad, lo que, a su juicio, vulnera los derechos de los implicados.

“El despacho instructor vulneró los derechos y las garantías fundamentales de los declarantes”, señaló Lombana. En su pronunciamiento, agregó que los testimonios no debieron ser utilizados hasta tanto no se formalizaran los acuerdos de cooperación solicitados por las defensas.

El salvamento de voto también cuestiona la tipificación del delito de peculado por apropiación en favor de terceros, al señalar que “toda la prueba recaudada hasta el momento da cuenta de que el dinero presuntamente recibido era de origen privado, producto de un mutuo convenido entre Sneyder Pinilla y Pedro José Castro por \$4.000 millones”.

Mientras Name y Calle continúan recluidos en la cárcel La Picota, en el pabellón conocido como el ‘Congresito’, el salvamento de voto de Lombana se convierte en un argumento que sus defensas podrían utilizar para solicitar la revisión del proceso.

Pese a las advertencias sobre la legalidad de las pruebas, la decisión mayoritaria de imponerles medida de aseguramiento sigue vigente y sin efectos inmediatos.