La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo a las declaraciones del secretario de Seguridad de Bogotá, quien insinuó que la Guardia Indígena Emberá podría estar “reclutando” a menores, sugiriendo un vínculo con grupos armados ilegales. La entidad calificó estos comentarios como un acto de estigmatización contra los pueblos indígenas y un desconocimiento de sus derechos constitucionales.

Según la Defensoría, la Guardia Indígena es una expresión legítima de los sistemas de gobierno propio, amparada por la Constitución Política de Colombia y por el derecho internacional. En ese sentido, consideró inaceptable que se asocie a este cuerpo comunitario con actividades ilegales, afectando la dignidad y la integridad cultural del pueblo Emberá, desplazado a Bogotá por el conflicto armado.

La Defensoría reiteró que el racismo estructural ha profundizado la vulnerabilidad del pueblo Emberá, quienes han sido víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado. En este contexto, instó a las autoridades distritales a implementar un enfoque antirracista en la atención a las comunidades indígenas que permanecen en la ciudad.

Paralelamente, el organismo defensorial también hizo un llamado a los líderes Emberá a garantizar el interés superior de la niñez. Recalcó que, si bien los pueblos indígenas gozan de autonomía en sus procesos organizativos, esta no puede comprometer los derechos de los menores. “La autonomía no es una facultad para instrumentalizar a los niños, niñas y adolescentes en acciones que puedan poner en riesgo su bienestar”, enfatizó la Defensoría.

En respuesta a las preocupaciones expresadas por la Defensoría del Pueblo, las comunidades Emberá ratificaron su intención de retornar a sus territorios de origen de manera digna y voluntaria. En ese sentido, la Defensoría exhortó a las entidades del Gobierno nacional y distrital a coordinar los procesos de retorno, asegurando condiciones de seguridad y protección para los menores de edad.