En un acto simbólico celebrado en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el Gobierno Nacional sancionó oficialmente dos nuevas normativas que marcan un antes y un después en la legislación colombiana en materia de protección animal: la Ley Ángel y la Ley Lorenzo. El evento contó con la presencia de activistas, fiscales, académicos, funcionarios públicos, ciudadanos y más de un centenar de perros adoptados que acompañaron la ceremonia.

Estas leyes, impulsadas por la senadora Andrea Padilla, tienen como objetivo fortalecer la protección jurídica de los animales como seres sintientes, aumentar las penas contra el maltrato y establecer estándares más rigurosos para su uso en actividades humanas.

Ley Ángel: penas más severas por maltrato y abuso sexual animal

Identificada con el número 2455 de 2025, la Ley Ángel establece un endurecimiento del marco penal frente a la crueldad contra animales. Quienes causen la muerte de un animal, le generen lesiones graves o cometan actos de violencia sexual, enfrentarán penas privativas de la libertad superiores a cuatro años, lo que convierte estos delitos en no excarcelables.

La norma también contempla multas de entre 15 y 60 salarios mínimos dependiendo de la gravedad del hecho. Se agregan agravantes como la violencia vicaria, la mutilación, la difusión de contenido violento o pornográfico con animales, y el maltrato en contextos económicos. Las sanciones incluyen además inhabilidades para ejercer profesiones relacionadas con animales y la creación de un registro nacional de personas condenadas por estos delitos.

En el ámbito judicial, la ley exige a la Fiscalía General de la Nación la elaboración de guías técnicas forenses para facilitar dictámenes veterinarios incluso en zonas rurales, y faculta a la Policía para ingresar a domicilios si hay riesgo inminente para un animal.

Asimismo, se crea una ruta nacional de atención al maltrato animal, incluyendo casos relacionados con el conflicto armado. Se sanciona formalmente el abandono y se contemplan medidas pedagógicas como cursos obligatorios para infractores de menor gravedad. Funcionarios judiciales, inspectores y personeros deberán capacitarse obligatoriamente en bienestar animal.

Ley Lorenzo: hacia la sustitución tecnológica del uso de perros en vigilancia

La Ley Lorenzo (Ley 2454 de 2025) busca transformar progresivamente el uso de perros en tareas de seguridad y vigilancia privada. Según datos oficiales, cerca de 5.900 perros están vinculados a estas labores en Colombia, principalmente en detección de explosivos, narcóticos y defensa controlada.

Aunque la ley no prohíbe esta práctica de manera inmediata, establece una hoja de ruta tecnológica liderada por el Ministerio TIC para su reemplazo progresivo. Entre tanto, se imponen estándares más estrictos de bienestar, incluyendo zonas adecuadas de descanso, protección contra el clima, esparcimiento semanal y alimentación de calidad.

La edad máxima permitida para el trabajo se reduce de ocho a seis años, y se exige la esterilización obligatoria a partir de los seis meses. Las empresas deberán adoptar planes de retiro digno para los animales y cumplir con nuevas obligaciones como la instalación de cámaras en caniles y lugares de trabajo. El SENA asumirá la capacitación del personal en bienestar animal.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, junto con el Ministerio de Ambiente, deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de seis meses y garantizar su implementación y control.

Ley Kiara: regulación del sector de servicios para animales de compañía

Durante el acto también se mencionó la aprobación en el Congreso de la Ley Kiara, actualmente en proceso de sanción presidencial. Esta iniciativa busca regular servicios como guarderías, hoteles para mascotas, paseadores y petshops, garantizando estándares mínimos de calidad, protección a los animales y formalización del sector.

Las tres leyes forman parte de una agenda legislativa más amplia que pretende estructurar un Sistema Nacional de Protección Animal en Colombia. La senadora Padilla señaló que el reto ahora será asegurar la implementación efectiva de estas leyes y continuar promoviendo políticas públicas que reconozcan a los animales como parte de una sociedad que respeta la vida.

El éxito de estas normas dependerá del cumplimiento institucional y del compromiso ciudadano, así como de la vigilancia, el periodismo activo, la voluntad política y el presupuesto asignado.