La Corte Constitucional ordenó este jueves la suspensión provisional del proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en los topes de financiación de su campaña presidencial.

La decisión surge tras acoger un concepto del magistrado Vladimir Fernández, quien anteriormente se desempeñó como secretario Jurídico del presidente Petro. “Se suspende mientras se falla de fondo la tutela”, aclaró Fernández a EL COLOMBIANO.

El mandatario presentó una acción de tutela contra el concepto del Consejo de Estado que había ratificado la competencia del CNE para investigarlo desde el ámbito administrativo. Según argumentó Petro, esta decisión vulneraba sus “derechos fundamentales al debido proceso, en sus dimensiones de juez natural y fuero especial constitucional”, considerando que solo la Comisión de Acusación del Congreso tendría facultades para investigarlo.

La Corte precisó que también se suspenden los términos de prescripción del proceso administrativo en curso, los cuales se reanudarán una vez se notifique la decisión definitiva sobre la tutela.

De la determinación salvaron su voto cuatro magistrados: Natalia Ángel Cabo, Paola Andrea Meneses, Jorge Enrique Ibáñez Najar y José Fernando Reyes. La decisión fue aprobada con cinco votos a favor.

Es importante señalar que el magistrado Vladimir Fernández fue ternado por el propio presidente Petro para llegar al alto tribunal, y había trabajado previamente en su gobierno como secretario jurídico de la Casa de Nariño.

Alcance de la investigación del CNE

Aunque el presidente ha calificado la investigación como un “golpe de Estado”, expertos señalan que esta tesis se desvirtúa considerando que el CNE solo puede imponer sanciones administrativas, como multas de hasta el 10% de los recursos estatales destinados a la campaña o la devolución total o parcial de estos dineros.

Según lo ratificado por el Consejo de Estado en fallos recientes, la potestad de sancionar penal o disciplinariamente al presidente continúa en manos del Congreso a través de la Comisión de Acusaciones.

Presuntas irregularidades

El CNE investiga varias presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro, que incluyen la omisión de reportes de aportes por parte de Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO), préstamos no declarados, pagos a testigos electorales y gastos de propaganda no reportados, entre otros conceptos que sumarían aproximadamente 5.355 millones de pesos.

Mientras la Corte Constitucional decide de fondo sobre la tutela, la investigación contra otros directivos de la campaña, como Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, continuará su curso normal.

Con información de el país y el colombiano